La abogacía de la Región de Murcia quiere poner de manifiesto los perjuicios ocasionados en el primer día de huelga de jueces y fiscales, que podrían haberse evitado, en gran medida, mediante una comunicación adecuada que previniera inconvenientes tanto a los ciudadanos como a los profesionales de la abogacía.

Desde los Colegios profesionales apelamos, una vez más, a la responsabilidad de quienes, en el ejercicio legítimo de su derecho a la huelga, deben tener en cuenta el impacto de sus acciones. La ausencia de una comunicación previa —reiteradamente solicitada por estas corporaciones de derecho público— está provocando situaciones tan ingratas como el desplazamiento hasta la sede judicial de las partes y sus representantes, para conocer in situ la suspensión de vistas o procedimientos, cuando eran previsibles estos hechos.

Estas circunstancias no solo agrava la lentitud estructural de la Justicia y el retraso acumulado en los tribunales, sino que contribuye al deterioro de su imagen pública y a una mayor desafección social frente a sus las reivindicaciones.

Ante las jornadas de protesta previstas, carece de sentido que algunos juzgados estén obligando a los profesionales a comparecer en sala, para después, tras una prolongada espera, suspender los juicios sin previo aviso. Por ello, desde los colegios de la abogacía reclamamos al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) un ejercicio de lealtad institucional, como es habitual en sus actuaciones diarias, y que vaya más allá de las buenas palabras. Estas, aunque bien recibidas, no impiden que la falta de coordinación perjudique directamente a la sociedad y a los profesionales de la abogacía.