El diputado socialista recuerda que las ITV son un servicio público cuya competencia recae en las comunidades autónomas, y destaca que ya son cinco las estaciones investigadas por la Guardia Civil, decenas de detenidos por corrupción, fraude y falsedad y, lamentablemente, le ha costado la vida a un bebé
"El Gobierno regional tiene que asumir su responsabilidad e impulsar un proyecto de ley que regule el funcionamiento de las ITV y limite el crecimiento totalmente desproporcionado de estaciones, que es una de las principales causas que ha empujado a la corrupción, así como crear un verdadero cuerpo de suficientes inspectores"
El diputado regional Alfonso Martínez ha asegurado que la culpa de lo que está pasando en las ITV es del Gobierno regional, porque sus dirigentes son unos pésimos gestores que van a destrozar la Región a trozos, como están haciendo con todos los servicios públicos.
Martínez ha hecho estas declaraciones en el pleno de la Asamblea durante el debate de una moción del Grupo Parlamentario Socialista en la que pide la regularización por ley del funcionamiento de las estaciones de ITV la creación de un cuerpo de inspección dotado con suficientes recursos humanos y materiales, que no ha sido aprobada por los votos en contra del PP y Vox.
Ha recordado que la ITV es un servicio público cuya competencia recae en las comunidades autónomas, por lo que quien tiene la responsabilidad de velar por que este servicio funcione bien en la Región de Murcia es el Gobierno regional.
El diputado socialista ha destacado que ya son cinco las estaciones de ITV investigadas por la Guardia Civil, decenas de detenidos por corrupción, fraude y falsedad y, lamentablemente, le ha costado la vida a un bebé. Y ha recordado que, según una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la obligación del Gobierno regional es la de supervisión y vigilancia.
"Y lo que ha hecho el Gobierno regional ha sido cerrar la única estación que gestionaba directamente la Comunidad Autónoma, la de Alcantarilla. Ha permitido, de forma anómala, el uso privativo de bienes propiedad de la Comunidad Autónoma a las concesionarias, nueve en total", ha señalado.
Ha añadido que estas nueve estaciones tienen un volumen de negocio anual de 9,3 millones de euros y pagan un canon a la Comunidad Autónoma de 253.000 euros, el 2,7 por ciento. "En cinco años, el Gobierno regional ha abierto nueve expedientes sancionadores. Eso sí, cada vez que la Guardia Civil interviene una estación de ITV, el Gobierno regional no tarda en salir a decir que están colaborando con ellos. Faltaría más".
Martínez Baños ha afirmado que lo que tiene que hacer el Gobierno regional y no está haciendo es prevenir la corrupción para garantizar la seguridad vial y la salud. "Los hechos demuestran que no lo está haciendo".
Además, ha recordado que el PSOE ya advirtió reiteradamente en 2018 lo que podía pasar con la falta de regulación del sector. "Desgraciadamente, el tiempo nos ha dado la razón".
"Lo que tiene que hacer el Gobierno regional es asumir su responsabilidad e impulsar un proyecto de ley que regule el funcionamiento de las ITV y limite el crecimiento totalmente desproporcionado de estaciones, que es una de las principales causas que ha empujado a la corrupción, así como crear un verdadero cuerpo de suficientes inspectores, bien formados y dotados de los recursos necesarios. Esto puede salvar vidas", ha concluido.