Maravillas Abadía recuerda que "mientras el acceso a la vivienda y la propiedad privada son derechos fundamentales, la ocupación ilegal es un delito".

Alma Ezcurra subraya que la permisividad del Gobierno con los okupas está generando un "efecto llamada" que agrava, aún más, el problema de la okupación.

Borja Giménez Larraz afirma que lo único verdaderamente útil para atajar el problema de la vivienda es aquello que Sánchez lleva años prometiendo pero que nunca cumple: "Más vivienda".

Bruselas, 21 de marzo de 2025- El Partido Popular ha recordado en Bruselas al Gobierno de Pedro Sánchez que los ciudadanos españoles no tienen que financiar la okupación ilegal y ha exigido medidas más duras a nivel nacional y europeo.

Ha sido en una audiencia pública con expertos en vivienda organizada en el marco de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, a iniciativa del Partido Popular, y también en una reunión previa de eurodiputados del PP con la Plataforma de Afectados por la Ocupación.

La eurodiputada murciana Maravillas Abadía ha apuntado que "mientras el acceso a la vivienda y la propiedad privada son derechos fundamentales, la ocupación ilegal es un delito. No se entiende que haya gobiernos, como España, que se tapen los ojos frente al delito y no lo persigan".

Abadía ha incidido en que "de nada sirve fijar la vulnerabilidad en 1800€ al mes, cuando un porcentaje muy elevado de población vive en ese umbral, como ha hecho el Gobierno de España".

"Lo único que consigue es reducir la oferta de vivienda, ya que los propietarios no quieren poner en riesgo sus ahorros pues si el inquilino deja de pagar, no podrán hacer nada. Esa es la situación en España", ha explicado.

Por su parte, la eurodiputada Alma Ezcurra ha recordado que España es uno de los países europeos donde los desalojos son más lentos, debido a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez y su permisividad con los okupas.

Además, ha denunciado que el Gobierno de Sánchez utilice la excusa de "función social" para justificar ataques a la propiedad privada, con una legislación que sirve de escudo legal a la okupación y favorece la delincuencia organizada. Ha subrayado que la legislación española impone trabas y restricciones a los propietarios, mientras que protege a los okupas.

España, a la cola de la UE en vivienda social

En ese sentido, el eurodiputado Borja Giménez Larraz "es el Gobierno el que tiene que responsabilidad con la gente vulnerable, usando la vivienda social y no la propiedad privada. El ciudadano no tiene porqué financiar el problema".

Así, ha afirmado que lo único verdaderamente útil para atajar el problema de la vivienda es aquello que Sánchez lleva años protegiendo pero que nunca cumple: "Más vivienda".

"El Gobierno de Sánchez lleva 6 años prometiéndolo, pero seguimos dentro de los 5 países de la UE con menos vivienda social construida". De las 184.000 viviendas prometidas por Sánchez, solo 10.000 han sido puestas a disposición, según la Sareb.