La consejera afirma que se trata de un texto "totalmente ideologizado" y lamenta el trato que se le da al empresario, "que es quien crea empleo en este país"
El Gobierno regional ha solicitado al Ministerio de Trabajo y Economía Social la revisión del anteproyecto de ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, el registro de jornada y el derecho a la desconexión, incorporando "mayor consenso y un verdadero diálogo social".
Así se refleja en las alegaciones presentadas por la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social al citado anteproyecto, en las que se solicita al Gobierno central la necesidad de tener en cuenta "las especificidades de cada sector y territorio". Además, "estas medidas no pueden ser aprobadas sin tener en cuenta a la patronal", según destacó la consejera Marisa López Aragón, quien aseguró que "estamos ante un anteproyecto totalmente ideologizado" y lamentó el trato que se le da al empresario, "que es quien crea empleo en este país".
En este sentido, el documento de las alegaciones destaca que existe "una manifiesta ausencia de consenso, ya que el anteproyecto se presenta como fruto de un proceso de diálogo social que, en realidad, ha sido excluyente y parcial. No se ha contado con la participación efectiva de actores clave, como las organizaciones empresariales, lo que debilita la legitimidad del texto y compromete los principios de representatividad y equilibrio en la toma de decisiones".
Por otro lado, la consejera subrayó que en el texto del anteproyecto se aborda la actividad económica del país de una forma genérica, sin contemplar las características y particularidades de los distintos sectores y las distintas comunidades. "Tal es el caso de la Región de Murcia, donde las pymes y los autónomos constituyen el grueso del tejido productivo. Por lo tanto, es necesario adaptar la normativa a estas realidades para garantizar su viabilidad", señaló López Aragón.
Existen también dudas en relación con el modelo de registro horario propuesto por el Ministerio, el cual incorpora de forma obligatoria que se realice mediante sistemas digitales y plantea un acceso continuo a la información por parte de la Inspección de Trabajo y otros agentes, "algo que constituye una invasión excesiva en la gestión interna de las empresas, vulnerando los derechos de organización amparados por la ley". Asimismo, las alegaciones presentadas por la Consejería de Empresa destacan que el anteproyecto "carece del análisis del impacto económico de la norma, algo exigido legalmente para su tramitación".
Finalmente, las alegaciones apelan a la incertidumbre jurídica y al incremento de la conflictividad laboral. Además, "las nuevas exigencias administrativas y los costos laborales derivados de la aplicación de la ley resultan difíciles de asumir, especialmente para las pymes y los autónomos, sectores predominantes en la Región de Murcia", concretó Marisa López Aragón, quien además puntualizó que "las cargas adicionales podrían comprometer la sostenibilidad de estas empresas y dificultar su capacidad de adaptación a un entorno económico cambiante".