La Región de Murcia ejerce desde hoy la representación autonómica en el Consejo de Administración del Grupo Tragsa de los denominados 'accionistas minoritarios', entre los que se encuentran las comunidades autónomas. El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha formalizado hoy en Madrid su incorporación al consejo, que consta de 15 miembros y preside Jesús Casas. Vázquez también ejercerá como presidente de la Comisión de Control de los Poderes Adjudicadores, que tiene como función principal considerar propuestas para la mejora de la eficiencia de la empresa pública.

La representación de las comunidades se hace según un sistema rotatorio de 12 meses de duración y la de Murcia sustituye a la comunidad autónoma de La Rioja. Así pues, el consejero asume la responsabilidad por delegación del presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, quien destacó el "gran honor" que supone para la Región de Murcia representar a las administraciones autonómicas en un grupo "que garantiza la realización de obras y prestación de servicios de tanta relevancia y de interés común para la conservación y protección del medio ambiente y la biodiversidad, así como en otros ámbitos como emergencias, servicios sociales, infraestructuras y cooperación al desarrollo".

El Consejo de Administración al que se incorpora la Región tiene las facultades de representación, gobierno, dirección y administración de la sociedad, así como la formulación de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, la convocatoria, asistencia y elaboración del orden del día de las Juntas Generales y la autorización de la creación de comisiones con fines consultivos, organizativos o funcionales específicos.

El Grupo Tragsa, de capital social íntegramente público, está formado por las sociedades mercantiles Tragsa y Tragsatec. Forma parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y del Sector Público Institucional, y tiene la condición de poder adjudicador y medio propio personificado de las Administraciones públicas que participan en su accionariado. Su actividad principal está enfocada a la realización de obras, trabajos y prestación de servicios relacionados con la agricultura, el desarrollo del medio rural, el medio ambiente y la gestión de los recursos naturales, así como otras vinculadas al apoyo a las administraciones, en particular ante todo tipo de emergencia social, catástrofe natural o accidente climático.