El desmesurado aumento de los precios de los alquileres y la escasez de vivienda asequible han generado una alarma social que afecta especialmente a las mujeres separadas, solteras o divorciadas con hijos a su cargo. Esta crisis, lejos de ser un problema exclusivo de las personas más vulnerables, también afecta a jóvenes y familias de clase media que luchan por mantenerse a flote en un mercado inmobiliario cada vez más inaccesible.

Desde ADVIS Región de Murcia, una asociación comprometida con el derecho a la vivienda, denuncian que la situación está obligando a muchas mujeres a tomar decisiones extremas para sobrevivir. "Nos enfrentamos a casos de mujeres que, tras separarse y buscar un futuro más seguro para sus hijos, se ven obligadas a regresar con sus exparejas porque no pueden asumir un alquiler con un solo sueldo", explican desde la asociación.

Uno de estos casos es el de Juana (nombre ficticio), quien, entre lágrimas, narró cómo recientemente tuvo que volver con su expareja a pesar de las diferencias irreconciliables. "No tengo a dónde ir. No puedo encontrar una vivienda para que mis hijos tengan un techo digno", compartió.

Un mercado inalcanzable para los más vulnerables

Según datos de entidades inmobiliarias, el precio medio de los alquileres en la Región de Murcia ha aumentado un 20% en el último año. Este incremento ha convertido el acceso a la vivienda en un desafío casi imposible para familias que dependen de ingresos bajos o de ayudas públicas.

Las familias monoparentales, lideradas en su mayoría por mujeres, son las más afectadas. Con ingresos que muchas veces no superan los 700 euros mensuales, enfrentan alquileres que exceden los 500 euros, además de los costos relacionados con la crianza de hijos.

Las administraciones, sin soluciones reales

"Lo más preocupante es la falta de alternativas habitacionales", denuncian desde ADVIS. Las ayudas al alquiler son insuficientes y, en muchos casos, están mal gestionadas, tanto por la comunidad autónoma como por los ayuntamientos. A esto se suma la lentitud burocrática y la omisión de información crucial, lo que acaba llevando a muchas familias al desahucio.

• La asociación subraya la necesidad de un plan de acción urgente que contemple:
• La construcción de vivienda pública.
• La liberación de suelo para nuevos proyectos habitacionales.
• Un saneamiento estructural de las leyes que agilice las ayudas al alquiler y ofrezca beneficios a los propietarios que apuesten por alquileres asequibles.
• Refuerzos en las ayudas económicas para las familias más vulnerables.

El impacto en la seguridad y el bienestar de las mujeres

La falta de vivienda no solo afecta el bienestar económico, sino también la seguridad de las mujeres. "Volver con un agresor por necesidad económica no es una elección, es una condena", explica un portavoz de ADVIS.

En este contexto, es crucial priorizar la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, garantizando su acceso a viviendas seguras y asequibles. Leyes como la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda establecen medidas para este fin, pero su implementación práctica sigue siendo insuficiente.

Un llamado a la acción colectiva

Desde ADVIS insisten en que esta crisis no es solo económica, sino también social. "El derecho a una vivienda digna no puede depender de los ingresos o la situación personal de una mujer. Es responsabilidad de toda la sociedad garantizar que nadie tenga que elegir entre la seguridad de su familia y un techo donde vivir", concluyen.

La asociación reafirma su compromiso de seguir trabajando para apoyar a quienes más lo necesitan y exigir políticas públicas que garanticen el acceso a una vivienda digna para todos.