En la Región de Murcia los recortes en (Murcia, Cartagena, Lorca, Molina de Segura) son los más altos de los últimos años y están perjudicando severamente a los ciudadanía y a la plantilla.

El sindicato CCOO considera que, tras un prometedor inicio en el desarrollo del Acuerdo Estratégico 2024-2028 firmado el pasado 22 de julio entre el Gobierno, SEPI, Correos, CCOO y UGT, que contemplaba una financiación del servicio postal público y de los Servicios de Interés Económico General (SIEG) por 400 millones de euros (250 millones y 150 millones, respectivamente) a incluir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025. CCOO considera una verdadera reorientación estratégica del Correo Público de nuestro país, SEPI y Correos parecen haber adoptado un enfoque peligroso y cortoplacista. Presionados por las desfavorables cifras económicas, estarían optando por medidas de recorte de plantilla y ajustes financieros que, lejos de acompañarse de estrategias de crecimiento y aumento de la actividad, buscan cubrir el déficit heredado de la gestión del anterior presidente de Correos, Juan Manuel Serrano.

CCOO considera que el déficit generado por la gestión ineficaz del expresidente de Correos durante cinco años exige un desarrollo equilibrado y coherente del Acuerdo Estratégico 2024-2028, basado en tres pilares fundamentales. El refuerzo del servicio postal universal y los Servicios de Interés Económico General (SIEG) antedicho; la implementación de un Plan Estratégico que reposicione a Correos en los mercados nacional e internacional, impulsando el crecimiento de la actividad y los ingresos; por último, un nuevo Convenio Colectivo que sustituya al actual, prácticamente obsoleto tras las sentencias judiciales y los cambios legislativos de los últimos 13 años, desde su aprobación en 2011. Para CCOO, un desarrollo armónico de estos elementos es clave para revertir la crisis actual y consolidar el papel de Correos como operador público estratégico para el país.

El sindicato considera que el Plan Estratégico aprobado por SEPI el pasado 31 de julio, cuyo contenido solo fue parcialmente conocido en octubre, carece de la ambición necesaria y resulta insuficiente para revertir la posición de debilidad que Correos ha acumulado en el mercado como resultado de las políticas erráticas del anterior presidente. Estas políticas han situado a la empresa en el furgón de cola de los operadores postales europeos en diversificación, con una cuota del 17% en paquetería y del 16% en servicios financieros, muy por debajo del promedio europeo, que alcanza el 50% y el 34%, respectivamente. Para superar esta situación, Correos necesita un crecimiento inorgánico, tanto dentro como fuera del país, y un verdadero Banco Postal que trascienda la tímida apuesta actual de la compañía, centrada únicamente en la gestión de dinero virtual.

En lo relativo al Convenio Colectivo y el Plan de Personas, SEPI y Correos parecen sufrir un ataque de ansiedad cortoplacista que el sindicato ni comparte, ni acompaña: bloqueo y desinterés por un nuevo Convenio Colectivo, deslizamiento de propuestas de desregulación inaceptables (salario a la carta, recorte salvaje de plantilla, sin descartar un ERE y sin Oferta de empleo, paralizada hace más de un año y medio, flexibilidad de las relaciones laborales asimilables a los operadores privados más desregulados del mercado, etc.).

Mientras tanto, lo que sí parecen tener claro los directivos de la compañía es el recorte sin precedentes de la contratación y del volumen global de empleo, con el único fin de reequilibrar las nefastas cifras que dejaron el presidente anterior y el EBITDA, a pesar del daño que se le está generando al prestigio del servicio público.

Reiteramos que en lo referente al Convenio Colectivo y al Plan de Personas, SEPI y Correos parecen haber caído en una peligrosa lógica de ansiedad cortoplacista, una estrategia que el sindicato ni comparte ni acompaña. Esta actitud se traduce en el bloqueo y desinterés por la negociación de un nuevo Convenio Colectivo, así como en la presentación de propuestas de desregulación inaceptables, como salarios a la carta, recortes drásticos de plantilla (a modo de ERE), ausencia de una Oferta Pública de Empleo paralizada desde hace más de año y medio, y una flexibilidad laboral que emula las prácticas de los operadores privados más desregulados del mercado. Mientras tanto, lo único que parece estar claro para la dirección de la empresa es la apuesta por un recorte sin precedentes en la contratación y en el volumen total de empleo, con el único objetivo de arreglar las cuentas heredadas de la nefasta gestión del anterior presidente.

CCOO de Murcia considera inaceptable el ajuste de plantillas y el recorte de la contratación que, en primer lugar, perjudican gravemente a la ciudadanía, que sufre retrasos en la recepción de correo, especialmente en casos críticos como citaciones médicas o notificaciones con plazos legales. En segundo lugar, afecta a las personas trabajadoras, que enfrentan una sobrecarga de actividad y mayores distancias en sus recorridos de reparto. Esta problemática se agrava particularmente en (Murcia, Cartagena, Lorca, Molina de Segura), donde la falta de contratación y plantilla es especialmente acuciante.

Para CCOO, buscar la viabilidad de Correos recurriendo a la vieja fórmula de las reconversiones clásicas, basada en inyecciones de dinero público combinadas con recortes de empleo y ajustes de gastos, es un error estratégico. Este enfoque, centrado en equilibrar la cuenta de resultados y el EBITDA en lugar de reposicionar a Correos en el mercado y fomentar el crecimiento de la actividad, contradice por completo la filosofía del Acuerdo Estratégico 2024-2028. Además, supone un alto riesgo de generar un escenario de creciente tensión, algo que resulta completamente indeseable en la delicada situación actual de la empresa.

Por ello, CCOO exige a SEPI y a Correos que estén a la altura del compromiso asumido por todos los firmantes del Acuerdo Marco Estratégico del 22 de julio, impulsando el desarrollo del Correo Público que nuestro país necesita y merece. El diálogo social y el consenso no deben ser utilizados como excusa para aplicar soluciones cortoplacistas que intenten subsanar en unos meses los problemas que se han acumulado durante años.