El Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente (CARMA) ha dado hoy luz verde a la constitución tanto del Consejo del Mar Menor como del Comité de Asesoramiento Científico, con los que se completará la creación de todos los órganos incluidos en la Ley del Mar Menor y es un paso importante en la gobernanza en la recuperación de la laguna.
La creación de ambos órganos supone un nuevo avance del Gobierno regional en la aplicación de la Ley del Mar Menor, que se suma a otros ya en funcionamiento como la Comisión Interadministrativa del Mar Menor, para la coordinación institucional entre la Administración del Estado, Comunidad Autónoma y los 10 ayuntamientos de la cuenca vertiente al Mar Menor; y la Comisión Interdepartamental del Mar Menor, que coordina las actuaciones del Gobierno regional.
La reunión del CARMA, que presidió el secretario general de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Enrique Ujaldón, cuenta con representación administrativa, social, científica, económica y asociativa de la Región de Murcia, incluyendo sindicatos, patronal, universidades, centros de investigación, cámaras de comercio, ayuntamientos, regantes, organizaciones de consumidores y asociaciones ecologistas, entre otros.
En el transcurso de la reunión, se centró en avanzar en la constitución de ambos órganos, que aprobará el Consejo de Gobierno, y cuya composición y funciones se acordaron entre el Gobierno regional y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con el fin de facilitar el diálogo y la coordinación.
El Consejo del Mar Menor fomentará a través de una amplísima participación social la protección de la laguna salada, equilibrando los objetivos medioambientales, económicos, sociales y culturales. También fortalecerá el diálogo y la alianza entre las tres administraciones públicas, la comunidad científica y la sociedad civil para desarrollar políticas públicas para la recuperación del ecosistema, a la vez que implica a la sociedad civil a través de un proceso de escucha activa para que sus inquietudes, alternativas y preferencias sean atendidas en el proceso de toma de decisiones.
La representación institucional la conformarán cinco personas de cada administración (regional, estatal y local) mientras que la científica la ejercerán cinco científicos designados por el Comité Científico del Mar Menor, tres de ellos de universidades, colegios profesionales o centros de investigación públicos implantados en la Región.
Por su parte, la participación de la sociedad civil estará conformada por 15 representantes para trasladar las aportaciones de asociaciones protectoras de la naturaleza; cofradías de pescadores; sindicatos; organizaciones empresariales; regantes; plataformas vinculadas a la defensa del Mar Menor; asociaciones de vecinos; organizaciones de agricultores y ganaderos; empresarios de hostelería y turismo; y consumidores.
Cada parte representativa (administraciones públicas, científicos y representantes sociales) contará con 15 votos. Así, cada miembro de las administraciones públicas y de la sociedad civil contará con un voto, mientras que cada representante de la comunidad científica dispondrá de tres sufragios.
Entre sus funciones figura tomar conocimiento del estado ecológico del Mar Menor y su evolución; valorar actuaciones de mejora progresiva y trasladar los intereses sociales, económicos y vecinales; proponer actuaciones a los órganos con competencias en la protección y tomar en consideración estrategias, programas y actuaciones.
Comité de Asesoramiento Científico
Por su parte, el Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor lo integrarán siete vocales científicos designados por las universidades de la Región (UMU, UPCT y UCAM) y un investigador propuesto por cada uno de los centros de investigación (IMIDA, IEO y CEBAS). Además, serán seleccionados cuatro científicos investigadores de prestigio acreditado en alguno de los ámbitos relacionados con el Mar Menor, su cuenca vertiente o ecosistemas afines, a propuesta de los colegios profesionales y por otros organismos nacionales e internacionales.
Su principal función es la de asesorar sobre las estrategias, programas y actuaciones, hacer propuestas y estudios de investigación relacionados con los problemas ambientales del Mar Menor y su cuenca vertiente, así como emitir dictamen sobre el borrador del informe anual en el que se valorará el grado de ejecución y cumplimiento de las medidas previstas en la Ley del Mar Menor.