Esta mañana, Izquierda Unida-Verdes y Podemos han dado un paso más en su lucha contra los incrementos abusivos de las tarifas del agua en la Región de Murcia, al presentar una denuncia formal ante la Fiscalía Provincial. En una comparecencia pública frente a la Ciudad de la Justicia, han denunciado la complicidad del Gobierno regional en estas prácticas, señalando irregularidades que califican como presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y abuso de poder.
Tras la presentación han intervenido José Luis Álvarez-Castellanos, coordinador regional de Izquierda Unida-Verdes; María Marín, portavoz del Grupo Parlamentario de la Coalición de Podemos, IU y Alianza Verde en la Asamblea Regional; y el letrado Sergio Ramos Ruiz, en representación del Gabinete Jurídico de IU-Verdes, quienes han ofrecido un análisis profundo y contundente de la situación.
La denuncia: prácticas ilegales y una administración al servicio de intereses privados
El dirigente regional de IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, explicó que esta denuncia es el resultado de meses de investigación, de lucha por parte de nuestras ediles desde los Ayuntamientos donde se han aprobado dichas subidas y de la negativa del Gobierno regional a rectificar. "Hemos acudido finalmente a la Fiscalía Provincial de la Región de Murcia para denunciar lo que entendemos como una práctica ilegal en la autorización de las subidas tarifarias. Estas subidas, que afectan a miles de familias murcianas, no son solo un golpe económico, sino un atentado contra la normativa vigente", señaló.
Álvarez-Castellanos recordó que, desde 2017, la Ley de Desindexación de la Economía Española prohíbe expresamente vincular los precios de servicios esenciales a índices generales, como el IPC, que nada tienen que ver con los costes del servicio, y, a pesar de ello, la Consejería de Empresa y la de Economía y Hacienda están autorizando subidas de las tarifas propuestas por los ayuntamientos basadas en el incremento del IPC y otros costes no justificados mediante la preceptiva memoria económico-financiera sobre los costes reales del servicio; todo ello con la finalidad de trasladar a la tarifa que paga la ciudadanía el total de las deudas del ayuntamiento con la empresa concesionaria.
"Esta actuación de ambas Consejerías es contraria a los criterios sostenidos por el Servicio Jurídico de la Consejería de Empresa y al criterio seguido por la Dirección General de Administración Local dependiente de la Consejería de Presidencia, además de estar también en contra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Además, el gobierno regional tendrá que explicar por qué apartó de las funciones de informar sobre estas subidas de las tarifas a la persona que venía haciéndolo desde junio de 2022 con arreglo a los criterios de estas normativas citadas, permitiendo ahora un procedimiento ilegal"
Una batalla que trasciende lo jurídico: la responsabilidad política
Por su parte, la portavoz parlamentaria de la coalición de Podemos, IU y Alianza Verde en la Asamblea Regional, María Marín, fue clara en su mensaje: "No estamos aquí sólo para denunciar prácticas abusivas y totalmente ilegales. Estamos aquí porque estas subidas son la consecuencia de un modelo político en el que los servicios públicos se gestionan al servicio de los beneficios privados de un puñado de empresas, a costa de las familias trabajadoras".
Marín señaló que en el ámbito autonómico esta lucha no es nueva. Desde mayo de 2023, los cambios en los informes técnicos del Consejo Asesor de Precios permitieron a los ayuntamientos gobernados por PP y PSOE justificar subidas tarifarias que antes eran rechazadas. "El 12 de noviembre llevamos una moción al Pleno para frenar estos tarifazos. Fue rechazada por la pinza del Partido Popular y del Partido Socialista. Hoy recurrimos a la justicia porque no nos rendiremos. Lo hemos dicho y lo repetimos: llegaremos hasta el final", afirmó con contundencia.
La portavoz también envió un mensaje directo a la ciudadanía: "Este abuso no es inevitable. Es fruto de decisiones políticas que podemos cambiar. Por eso, llamamos a la movilización social, porque es la herramienta más potente para defender lo que es justo".
La dimensión jurídica: un caso emblemático
El abogado Sergio Ramos Ruiz, quién representa a ambas formaciones de izquierdas en el caso, destacó la gravedad desde el punto de vista legal y ético. "Estamos ante los indicios de una violación flagrante de los principios de transparencia y justicia en la gestión pública. Estas prácticas no solo vulneran la normativa de precios autorizados y la Ley de Desindexación, sino que podrían constituir un abuso de poder que coloca los intereses empresariales por encima del bienestar común de toda la ciudadanía".
Ramos explicó que la denuncia presentada ante la Fiscalía incluye pruebas documentales y testimonios que respaldan la acusación de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. "Confiamos en que la justicia actúe con celeridad, porque lo que está en juego no es solo la legalidad de unas tarifas, sino la confianza de la ciudadanía en sus instituciones".
El letrado concluyó subrayando que este caso es un ejemplo paradigmático de cómo las políticas públicas pueden ser distorsionadas para favorecer intereses privados: "La desnaturalización del Consejo Asesor de Precios, la marginación de técnicos imparciales y la manipulación de los procedimientos administrativos reflejan un modelo de gobernanza que debemos combatir. Este no es solo un problema legal, es un problema democrático".
Por último, ambas formaciones han reafirmado su compromiso de seguir luchando en todos los frentes, desde las instituciones hasta la movilización social, para frenar estas subidas abusivas y defender un modelo de gestión pública transparente y justo. "Esta es una lucha de todas y todos", concluyeron.