La portavoz municipal de la formación, Ana López: "El aumento tarifario del agua penaliza a quienes menos consumen y favorece a la concesionaria"

Esta mañana, en la sede de Izquierda Unida-Verdes en Jumilla, se ha celebrado una rueda de prensa encabezada por Ana López, coordinadora de la formación local y portavoz de la coalición municipal junto a Podemos en el Ayuntamiento de Jumilla, y José Luis Álvarez Castellanos, Coordinador de IU-Verdes en la Región de Murcia. Ambos han denunciado lo que han calificado como un "tarifazo ilegal" en la subida de tarifas del agua potable aprobada recientemente por el Ayuntamiento.

Tarifazo ilegal y cesión de competencias

La dirigente local inició la intervención señalando que la reciente subida de tarifas, que alcanza hasta un 37% en el consumo básico, representa una agresión directa a los bolsillos de las familias jumillanas, viéndose agravada en los casos de las más vulnerables. "Se está penalizando especialmente a quienes menos consumen, así como a las familias numerosas, con aumentos de hasta el 134% en los primeros tramos. Esto va en contra de cualquier política de ahorro de agua y de justicia social", afirmó.

López remarcó que el incremento tarifario no responde a un aumento de los costes reales del servicio, sino a una decisión política del Ayuntamiento, que ha optado por proteger los intereses de la empresa concesionaria en lugar de defender a la ciudadanía. "Este tarifazo no es solo injusto, sino que además carece de la justificación legal necesaria. El propio Consejo Asesor de Precios emitió un informe desfavorable a esta subida en junio, y curiosamente, en septiembre, con los mismos datos, cambió a favorable. ¿Qué ha cambiado en estos tres meses? Evidentemente, las presiones de las empresas concesionarias", sostuvo.

Crítica a la gestión privatizada del servicio de agua

Por su parte, José Luis Álvarez-Castellanos proporcionó un análisis exhaustivo del contexto regional y nacional de la gestión del agua potable. Según Álvarez-Castellanos, el problema radica en la cesión del servicio a grandes empresas privadas, que controlan aproximadamente el 50% de la gestión del agua a nivel estatal, y en la Región de Murcia, son responsables del suministro en más de 40 municipios. "Los ayuntamientos, como el de Jumilla, han renunciado a su responsabilidad pública y han firmado contratos a largo plazo que atan de pies y manos a las administraciones locales, permitiendo a las empresas imponer subidas de tarifas o exigir compensaciones económicas cada vez que alegan un 'desequilibrio económico'", señaló.

El dirigente regional de izquierdas enfatizó que esta dinámica se ha visto reforzada por la falta de aplicación de la Ley de Desindexación de 2017, que regula precios intervenidos por el Estado, como es el caso del agua potable. "El agua no es un precio libre que se pueda pactar entre el Ayuntamiento y la empresa concesionaria. Es un bien esencial cuyo precio está intervenido por el Estado, ateniéndose a la ley de precios autorizados, por lo que no se le aplica la ley de contratos del sector público. El Ayuntamiento de Jumilla ha ignorado esta ley, aplicando criterios que favorecen a la empresa concesionaria en lugar de proteger a los usuarios", explicó.

Denuncia ante la Fiscalía y posibles acciones judiciales

En este contexto, Álvarez-Castellanos anunció que Izquierda Unida-Verdes y Podemos presentarán la próxima semana una denuncia ante la Fiscalía para investigar las irregularidades en la aprobación de esta subida tarifaria. Además, no descartan iniciar procedimientos contencioso-administrativos para impugnar la orden emitida el 24 de septiembre, que autorizó los nuevos precios. "Es evidente que ha habido un cambio de criterio sin justificación técnica ni económica, lo que apunta a presiones externas por parte de las grandes empresas del sector", denunció.

Ambos líderes concluyeron su intervención apelando a la remunicipalización del servicio de agua como solución a medio-largo plazo. "Si el Ayuntamiento de Jumilla, al igual que el resto de consistorios afectados de la región, hubiera optado por gestionar directamente el servicio de agua, se habría evitado este conflicto y se habrían defendido mejor los intereses de la ciudadanía", afirmó Álvarez-Castellanos.

La rueda de prensa finalizó con un claro mensaje a la población jumillana: "No vamos a permitir que las grandes empresas sigan explotando un recurso esencial como el agua a costa de la ciudadanía. Lucharemos en todas las instancias necesarias para revertir esta injusticia", concluyó la edil, Ana López.