Consideran antidemocrático, y una tomadura de pelo, que se justificara el retraso por su complejidad, cuando realmente tenían el plan terminado y metido en un cajón.

Es una gota más, que colma el vaso, en una región fallida en la que el Gobierno Regional saca leyes para incumplirlas sistemáticamente.

Exigen la asunción de responsabilidades políticas ante este escándalo, y que se saque el plan de inmediato.

Los colectivos en defensa del Mar Menor se han mostrado indignados ante la noticia que ha destapado que el Gobierno Regional congeló la tramitación del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente al Mar Menor, por meros intereses electorales y del partido. Consideran muy grave esta falta de responsabilidad por parte del ejecutivo murciano, que debería gobernar para toda la ciudadanía, y no sólo por su propio interés partidista y en defensa de los intereses particulares de algunos empresarios, como demuestran demasiados ejemplos como este.

El Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente al Mar Menor es una obligación legal, que establece el Art. 15 de la Ley 3/2020 de recuperación y protección del Mar Menor, y cuyo plazo de aprobación se cumplió en agosto de 2023 (3 años desde la entrada en vigor de la ley). Ese plazo se podría haber cumplido, y disponer de esta necesaria herramienta de gestión territorial antes de terminar el año 2023, ya que el Plan estaba hecho y dispuesto para su presentación pública.

Sin embargo, al ejecutivo murciano le preocupaba más las consecuencias electorales que podría tener la tramitación pública del documento, y la reacción de determinados empresarios, cuyos intereses podrían verse perjudicados, al llegar la fase de participación pública, que además de una obligación legal, es un ejercicio de transparencia y de democracia participativa. Teniendo el documento listo para ello, decidieron meterlo en un cajón.

Y no sólo decidieron anteponer los intereses electorales del Partido Popular a la emergencia del ecosistema del Mar Menor, sino que mintieron descaradamente y de manera reiterada en los motivos por los que el plan no se aprobaba en tiempo y forma: se excusaban en la complejidad, para no reconocer que no querían tramitarlo por sus posibles consecuencias electorales e intereses económicos de unos pocos.

Curiosamente, es el mismo “argumento” que usan cada vez que se les interpela por los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Regional de El Valle-Carrascoy o del Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre, o por los Planes de Recuperación de fauna protegida, o por los Planes de Gestión Integral de los espacios protegidos de la Red Natura 2000: “son planes complejos”. Bajo esta excusa se esconde la razón real: no les conviene aprobar planes y normas que limiten el beneficio empresarial, sobre todo si afecta a determinados sectores, muy cercanos al Partido Popular, y por tanto a la administración regional.

Para las organizaciones de defensa del Mar Menor, esta situación es muy grave y es insostenible en el tiempo. Es intolerable este ejercicio de secuestro del Interés General, para favorecer sus propios intereses como partido, y los intereses de un puñado de empresarios, que son los que realmente deciden las políticas ambientales que se pueden o no se pueden llevar a cabo en esta región.

En una democracia del siglo XXI es inaceptable este nivel de falta de transparencia y falta de participación ciudadana, así como de una actitud tan antidemocrática como el incumplimiento sistemático de la legalidad, para favorecer intereses privados a costa del interés de toda la ciudadanía y del medio ambiente.

Para las organizaciones, este Gobierno Regional, en relación al Mar Menor ha trabajado más por mentir, poner palos en las ruedas y mantener los intereses de las grandes empresas, que por solucionar el gravísimo problema ambiental y social. Y, además, lo hecho con opacidad, mentiras y un grave déficit democrático, propio de otros regímenes.

Por ello, consideran que este enésimo escándalo debería conllevar la asunción de responsabilidades y alguna dimisión en el ejecutivo, además de la inmediata puesta a exposición pública del documento que se escondió en el cajón. Siempre es mejor tener un mal plan ejecutándose, que no tener ninguno.

Para terminar, las organizaciones anunciaron que están estudiando las acciones que pueden emprender por estos últimos hechos, y anuncian que seguirán oponiéndose a la reforma de la Ley 3/2020, y exigiendo su cumplimiento íntegro y urgente.