La Junta de Fiscales de la Región de Murcia se ha reunido este martes para debatir el acuerdo que ha beneficiado a la red de empresarios pederastas que avisaron de menores. Un acuerdo que la diputada María Marín calificaba de "enorme chapuza": "Lamentablemente, las mujeres de esta Región no esperamos nada de estos fiscales". A propósito, señalaba que no se trata sólo de este acuerdo, sino que "son decenas y la sentencia de la red de empresarios es solo la punta del iceberg".

Frente a esto, Podemos planteará "la batalla en Madrid", llevando al Congreso una Proposición No de Ley "para que casos como este no se produzcan nunca más". Según la portavoz morada, "lo peor de todo es que ya hay medidas para evitar este horror". Se refería a las medidas recogidas en la Ley de Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, impulsada por Irene Montero y aprobada en 2022. "Si no se están cumpliendo -apuntaba Marín- es simplemente por la falta de voluntad política por parte de este Gobierno y por la reacción del poder judicial a los avances feministas".

La primera de estas medidas es la "derivación de estos casos de violencias sexuales a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, donde sirvan jueces, juezas y fiscales especializados en violencia sexual". La segunda medida consiste en "garantizar la asistencia letrada especializada a las víctimas", algo que también garantiza el artículo 33 de la ley de Garantía de la libertad sexual "y que evidentemente no se ha cumplido en este caso, dando la espalda a las víctimas".

"En resumen -continuaba la diputada-, lo único que exigimos es que se cumpla la ley". Por último, Marín se refería al Gobierno, a los jueces y a la Fiscalía: "Les decimos hoy que los avances feministas han llegado para quedarse y que no vamos a renunciar a ellos".