Juan Antonio subraya que, después de cinco años de requerimientos, Ercros "elude su responsabilidad de descontaminar" y que "ni la Comunidad ni el Ayuntamiento vamos a permitir que Cartagena cargue para siempre con un suelo contaminado"
Además, se ha iniciado un expediente sancionador contra la empresa por estos incumplimientos, que podría alcanzar una multa de hasta 570.000 euros
La Comunidad Autónoma, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, junto con el Ayuntamiento de Cartagena, ejecutará de forma subsidiaria la descontaminación y la recuperación ambiental de los terrenos contaminados de El Hondón, fruto de la actividad de Ercros.
Juan Antonio explicó que la empresa "elude su responsabilidad de descontaminar los suelos", por lo que se le exigirá que abone "todos los costes asociados" a la rehabilitación de los terrenos, que tienen una extensión de 108 hectáreas.
Juan Antonio y Diego, explicaron que en 2019 se declararon suelos contaminados, y denunciaron que, tras numerosos requerimientos, "la empresa ha tenido tiempo suficiente para presentar un proyecto técnico que dé solución real y efectiva a la situación y lamentablemente no ha sido así".
JAr general señaló que "se ha exigido un proyecto que cumpla con la ley, recupere el estado de los suelos y garantice la salud de las personas", en cambio "tan solo han realizado una actuación para hacer un lavado de cara a la galería y dejar un problema de manera permanente en Cartagena".
"Ni la Comunidad ni el Ayuntamiento vamos a permitir que Cartagena cargue para siempre con un suelo contaminado, para ello, vamos a ofrecer soluciones, afrontando subsidiariamente la descontaminación para devolverle ese espacio limpio a la ciudad y a sus ciudadanos", detalló JA.
Juan Antonio afirmó que las dos administraciones "hemos intentado por todos los medios que la empresa cumpla con su obligación de limpiar y recuperar el suelo, ofreciéndonos a buscar alternativas y soluciones conjuntas, pero se han negado a todo, porque aseguran que el suelo no está contaminado".
El último requerimiento enviado por la Comunidad tuvo lugar el pasado mes de marzo, en él se exigía nuevamente a la empresa un proyecto técnico, que no ha presentado, por lo que el Ejecutivo autonómico ha decidido iniciar un expediente sancionador contra la empresa, que podría suponer una infracción de hasta 570.000 euros, y aplicar el principio de "quien contamina, paga".
Una propuesta que no arreglaría nada
La empresa no ha presentado un proyecto técnico, sino una propuesta que no cumple con la legislación vigente y que "no arreglaría en nada la situación". Así, no propone ninguna actuación para descontaminar los terrenos afectados por metales pesados, que afectan a unos 625.000 metros cuadrados, y "los condenarían para siempre porque no se podría hacer nada en ellos", adujo el director.
Respecto al resto de los terrenos, la empresa propone extender los residuos industriales a lo largo de 300.000 metros cuadrados y cubrirlos con un geotextil y una capa de tierra, "que impediría plantar un solo árbol porque rompería la débil capa que cubriría los residuos". Y, después de cinco años, "declinan asumir toda responsabilidad sobre el futuro de ese suelo", añadió.
Además, la propuesta de la empresa no cuenta con informes favorables de ningún organismo, ni de la Dirección General de Salud Pública, ni de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), ni del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), ni de la Dirección General de Medio Ambiente competente en materia de residuos peligrosos. Mata aclaró que, el informe del CSN "solo analiza los aspectos radiológicos de un tipo de material, pero no del resto de residuos industriales y terrenos contaminados por metales pesados y tan solo da el visto bueno a la realización de una prueba piloto sobre materiales susceptibles de emitir radiación".
Asimismo, la CHS advirtió en su informe de "la alta permeabilidad de la parcela en una zona de alta vulnerabilidad del acuífero del Cuaternario y exigió numerosas condiciones para evitar posibles rezumes y arrastres de lixiviados hacia la rambla de El Hondón", indicó el director general. Por su parte, el informe de Salud Pública "transmite su preocupación porque los trabajos de descontaminación generan incertidumbre sobre los efectos para la población actual y futura".