UGT Servicios Públicos denuncia la vulneración de los derechos laborales de las personas trabajadoras en los servicios públicos de Protección de Menores y Reforma Juvenil que están bajo la tutela del Gobierno de la Región de Murcia, apoyando y defendiendo la necesidad de mejorar sus condiciones laborales y salariales.

Esta mañana, convocados por las organizaciones sindicatos UGT, CCOO y la Plataforma de las trabajadoras y trabajadores del sector, nos hemos concentrado a las puertas de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, para exigir unos salarios dignos, el cumplimiento del IV Convenio y el pago de complementos.

La prestación del servicio público externalizado en los centros que acogen a menores que se hallan tutelados por la Administración Regional se encuentra en una difícil situación y requiere una respuesta urgente para acabar con la precariedad salarial que padecen las trabajadoras y trabajadores del sector, donde cada día es más difícil encontrar profesionales para cubrir vacantes, vacaciones y bajas, dado que los que hay se marchan cuando tienen oportunidad.

Al respecto, indicar que las organizaciones sindicales se han reuniendo con la Administración y la patronal del sector en la Región de Murcia (AROAM) en reiteradas ocasiones en los últimos meses, y de forma periódica en los últimos años, para trasladar estas reivindicaciones. A pesar de las numerosas reuniones mantenidas, e incluso de haber llegado a abrir una negociación para la elaboración de un convenio colectivo propio o la implantación de un complemento autonómico, en estos momentos el proceso se encuentra de nuevo en un punto muerto.

En este sentido, critican la postura de la Administración, conocedora de la precariedad del sector, aunque se niegan a intervenir en una mesa de diálogo social tripartita y bilateral, porque lo enmarca en "un conflicto entre empresas y trabajadores" y tampoco se comprometen a establecer un calendario para el pago de los atrasos y la implementación de un complemento autonómico.

Desde las organizaciones convocantes recuerdan que estos servicios públicos externalizados, gestionados por entidades privadas sin ánimo de lucro, son de responsabilidad pública y es la Consejería quien tiene la obligación de cumplir con su tarea.

Las políticas sociales tienen el cometido de atender y cuidar al menor, por lo que no es comprensible que se olviden de las y los profesionales que hacen su trabajo de manera ejemplar, siendo abocadas a la precariedad, dado que existen diferencias salariales de hasta 800 euros entre el personal de las empresas concesionarias y de los servicios públicos por el mismo trabajo, y sus nóminas está muy por debajo del salario medio regional.

Asimismo, señalan que es necesario reflexionar sobre cómo se atiende a las y los menores, que vienen de una situación declarada de riesgo y sufre abandono, porque cuando establece relación con su educador este se marcha y, lamentablemente, son ellas y ellos los primeros que sufren las consecuencias.

Por último, UGT Servicios Públicos reitera la necesidad inmediata de cumplir con la obligación de pagar los salarios fijados en el convenio sectorial vigente con carácter retroactivo, de iniciar negociones serias para establecer un complemento autonómico a los salarios menguados de las los profesionales del sector en la Región de Murcia y garantizar una adecuada financiación en los presupuestos regionales y anuncia nuevas movilizaciones si no hay respuestas a estas justas reivindicaciones.