Marín exige al Gobierno de España que ese dinero "no se toque y que lo que tiene que hacer es actualizar de manera inmediata las entregas a cuenta, y dejar de castigar ya de una vez a los gobiernos autonómicos y locales"

El Gobierno regional exigió hoy al Estado que aclare si va a emplear fondos consignados para la financiación de las comunidades autónomas y ayuntamientos para cubrir la entrada en Telefónica.

El consejero de Economía, Hacienda y Empresa, Luis Alberto Marín, mostró su indignación por las informaciones conocidas hoy a través de los medios de comunicación sobre la intención del Gobierno central de recurrir a estos fondos ante la imposibilidad de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.

"Según hemos conocido hoy, el Ministerio de Hacienda va a emplear una partida de 1.500 millones de euros que estaba presupuestada para las comunidades y otros 500 millones de euros que se tenían que destinar a las corporaciones locales y que el Gobierno ya ha transferido a la SEPI", lamentó.

En este sentido, el titular de la Hacienda regional recordó que la Región de Murcia es la comunidad "peor financiada y que el Ministerio de Hacienda adeuda 71 millones de euros desde principios de año por la no actualización de las entregas a cuenta". En caso de no actualizarse, esto supondría que la Región de Murcia dejaría de recibir 284 millones de euros que le corresponden de 2024.

Marín exigió al Gobierno de España que el fondo para financiar a las comunidades y ayuntamientos "no se toque" y lo que tiene que hacer "es actualizar de manera inmediata las entregas a cuenta, y dejar de castigar ya de una vez a los gobiernos autonómicos y locales".

"Los fondos que destina el Gobierno central a las autonomías son claramente insuficientes, y en particular en el caso de la Región de Murcia, y ahora sin embargo justifican este ejercicio opaco de ingeniería fiscal diciendo que se trata de fondos sobrantes". "Es una muestra de la falta de lealtad institucional del presidente Sánchez y de su ministra de Hacienda, que van a quitar recursos para la sanidad, la educación y las políticas sociales para intervenir en un mercado liberalizado como es el de las telecomunicaciones", concluyó.