La Diócesis pone en marcha el «Protocolo diocesano de prevención, actuación y reparación de abusos sexuales para la protección de menores y adultos vulnerables».
El obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes, acompañado por el delegado para la Protección del menor y de los adultos vulnerables y vicario Judicial, Gil José Sáez Martínez, ha presentado esta mañana el Protocolo diocesano de prevención, actuación y reparación de abusos sexuales para la protección de menores y adultos vulnerables, un documento marco elaborado por todos los miembros de la Delegación episcopal para la protección del menor y de los adultos vulnerables de la Diócesis de Cartagena.
Este protocolo se inicia con el decreto de promulgación del mismo por parte del obispo y pretende dos objetivos principales: prevenir situaciones de conflicto y «actuar frente a la revelación o fundada sospecha de abuso sexual». Para ello es necesario establecer cuatro tareas básicas: la acogida y escucha de las víctimas; la prevención del abuso sexual; la respuesta ante la sospecha o revelación de un abuso sexual; y la reparación de las víctimas.
«Con el propósito de que todos los que interactuamos en la Diócesis con menores de edad o con adultos vulnerables, nos tomemos con absoluta seriedad los pasos destinados a prevenir este crimen y actuar ante estos delitos y reparar o a aliviar las heridas que estos actos siempre producen en las personas, encomendé a los miembros de esta delegación episcopal la elaboración de un protocolo integral para la defensa de la dignidad de los menores y de los adultos vulnerables», señala el obispo, quien aprobó el pasado 28 de febrero este protocolo que se presenta ad experimentum por un periodo de tres años. Mons. Lorca ha agradecido la «labor silenciosa» de cada uno de los miembros de esta delegación. El obispo ha explicado que el protocolo se presentará en todos los ámbitos de la Iglesia diocesana y a él están sujetas todas las personas (sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos y laicas) que en el territorio diocesano tengan trato con menores.
Por su parte, Gil Sáez ha manifestado que el documento se vertebra en catorce puntos en los que se explica qué es este protocolo; los conceptos de abuso físico, sexual y de poder a un menor; quién es un adulto vulnerable; la legislación del Código Penal Español, de las Naciones Unidas y de la Unión Europea al respecto; el procedimiento penal estatal para enjuiciar abusos a menores y a adultos vulnerables; cuál es la legislación penal y procesal canónica sobre estos delitos; cómo son los procesos canónicos para enjuiciar abusos a menores y a adultos vulnerables para el clero diocesano, para los miembros de los institutos religiosos, sociedades de vida apostólica y laicos; cómo es el proceso de acogida y escucha a las víctimas; de qué manera llevar a cabo la prevención; cómo actuar ante un caso; de qué forma ha de ser la comunicación de los casos; la reparación y sanación a las víctimas; y cómo tratar la documentación de las denuncias.
Este documento se cierra con un anexo que contiene un formulario que deberán rellenar todos los sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos y laicas en cuya labor pastoral o asistencial tengan trato con menores de edad.