El GPP lleva al Pleno del Senado la proposición de Ley de Costas, planteada por Feijóo, cuyo objetivo es dar mayor seguridad jurídica a los miles de propietarios que, a raíz de los nuevos deslindes del dominio público marítimo terrestre promovidos por el Ministerio de Transición Ecológica ven como pesan órdenes de demolición - o de confiscación vía concesión-, dictadas por el Ejecutivo de Sánchez sobre sus viviendas situadas en el litoral.

Para el PP, la solución nunca puede ser tirar las casas de las primeras líneas de playa de esos núcleos tradicionales, dejando unos espacios muy degradados tras las demoliciones, que nadie garantiza que supongan beneficio medioambiental alguno para el litoral, sino que debe consistir en poner en marcha las medidas contempladas por el gobierno de Mariano Rajoy en 2016.

En concreto, los populares proponen añadir una disposición adicional referida a la protección de esos núcleos urbanos de especial valor etnológico, si cumplen tres requisitos: Que posean valores culturales, históricos o etnológicos que merezcan ser conservados; que estén integrados en el entorno costero; que existan con carácter previo a su inclusión en el dominio público marítimo terrestre.

Igualmente, desde el Grupo añaden que para que prospere esa declaración de protección, se establece un control en el que intervienen las tres administraciones públicas. Si bien en su momento se desarrollaría reglamentariamente, consistiría en: Que los ayuntamientos delimiten los núcleos de que se trate; que las CC.AA. emitan un dictamen preceptivo informando sobre si los mismos poseen los valores antes citados, de forma que se identifiquen con la organización social tradicional del litoral; Y que, a la vista de la información recabada, el Ministerio determine si procede la catalogación como protegidos de dichos núcleos.

Por último, los populares se preguntan si el PSOE volverá a votar en contra, como ocurrió hace dos años, posicionándose en contra de la propiedad privada.