El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades asumirá las reivindicaciones del Gobierno de la Región de Murcia y modificará la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Las comunidades autónomas trasladaron a dicho Ministerio su preocupación en la aplicación de la Ley y exigieron cofinanciar y flexibilizar el calendario para su implantación.
Así lo manifestó el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, una vez finalizada la Conferencia General de Política Universitaria convocada por el Ministerio, donde el único punto en el orden del día era el de las líneas de actuación estratégicas en materia universitaria del Gobierno central.
En el transcurso de la Conferencia, se acordaron alguno de los aspectos necesarios para el desarrollo de la LOSU. El consejero informó de que el primero es que se "creará un grupo de trabajo entre representantes del Ministerio, las comunidades, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y los sindicatos, que mantendrá su primera reunión la semana próxima para acordar el calendario real para la implantación de la LOSU". De este modo, "se aportará certidumbre a las universidades después de meses de preocupación al entender el Ministerio la dificultad de la aplicación para el curso próximo", agregó.
Otro aspecto es abordar el modelo de colaboración entre el Ministerio y las comunidades "para financiar las diferentes iniciativas de la LOSU, ley que careció de la memoria económica que exigieron las universidades y la mayoría de las comunidades", indicó Vázquez. La ministra, Diana Morant, "no ha detallado la fórmula de acompañamiento, como ha dicho en varias ocasiones, y que quedará definida en el grupo de trabajo".
"Hemos reclamado la financiación necesaria para la implantación de la LOSU debido a que no se puede hacer una ley estatal sin antes elaborar la memoria de acompañamiento necesaria para darle certidumbre a la Ley", dijo el consejero, que valoró positivamente la creación de este grupo de trabajo.
"Hemos manifestado que es tan imprescindible como urgente que el Ministerio se implique en la financiación y que retrase su aplicación, más aun una vez que las universidades han aprobado sus presupuestos. Si no retrasan su aplicación una vez que ya han sido aprobados los presupuestos de las universidades para el 2024, la Ley podría provocar el efecto contrario al que pretende", concluyó Juan María Vázquez.