El Gobierno regional ha reclamado al Ministerio, una vez más, una EBAU unificada a nivel nacional "que garantice la igualdad de oportunidades para todos los jóvenes del país", según defendió la secretaria general de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo, Carmen María Zamora, quien participó hoy en la reunión de la Comisión General de Educación de la Conferencia de Educación, organizada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en Madrid.
"La Región de Murcia siempre ha defendido, desde que se plantearon los cambios, el mantenimiento del modelo de EBAU actual", explicó Zamora, quien indicó que "de nuevo, el Ministerio vuelve a traer este asunto a una Comisión, ya que el pasado mes de agosto lo tuvo que dejar sobre la mesa debido al inminente inicio del curso escolar, sin tener directrices claras sobre la modificación de esta prueba".
Desde la Región de Murcia no se comparte el modelo de prueba de madurez competencial que quiere implantar el Ministerio "por la subjetividad que esta prueba representa, por la disminución de exigencia en cuanto a contenido y el riesgo que supone no contar con una prueba unitaria a nivel nacional", recordó Zamora, quien apostó por "una prueba que cuente con el máximo consenso por parte de las comunidades autónomas y las universidades, así como con la garantía y seguridad jurídica necesarias".
Alta en la Seguridad Social para las prácticas en FP
Zamora, que participó en la reunión junto con el director general de Formación Profesional, Enseñanzas de Régimen Especial y Educación Permanente, Luis Quiñonero, volvió a exigir, como hizo el consejero Víctor Marín la pasada semana en la Conferencia de Educación, que se suspenda de forma indefinida la medida obligatoria de dar de alta en la Seguridad Social, a partir del 1 de enero, a los alumnos de Formación Profesional que realizan prácticas en empresas hasta que se despejen todas las dudas legales y de gestión de esta medida.
Para hacer frente a los trámites burocráticos que dicha norma provoca en los centros sostenidos con fondos públicos, y que no recaiga en las empresas, el Gobierno regional se ha anticipado y ha previsto en los presupuestos de Educación para el próximo año la cantidad de 550.000 euros.
La secretaria general aseguró que con esta medida, "el Gobierno central pone trabas al avance de la FP dificultando que los estudiantes puedan obtener su título y obstaculizando que las empresas ofrezcan prácticas".