La Mesa de la Asamblea Regional con mayoría absoluta del PP ha decidido un calendario totalmente inaceptable para la tramitación de los Presupuestos Generales de la CARM para 2024 liquidando las comparecencias de los distintos consejeros/as en tan solo tres días y con menos de cuarenta y ocho horas para poder estudiarlos, un procedimiento opaco y antidemocrático porque no tiene en cuenta a las minorías parlamentarias; situación que viene motivada por la tardanza en la constitución del gobierno regional tras las elecciones del 28 de mayo.
Es necesario recordar que Feijoo utilizó el comodín de Murcia en función de su negociación con Vox para su fallida investidura. De dicha tardanza derivó el retraso en la aprobación del Techo de Gasto no Financiero el pasado 14 de noviembre cuando debería haberse hecho antes del 1 de agosto y de la tramitación parlamentaria de los presupuestos que comprime su calendario para que estén aprobados antes del 1 de enero próximo.
En otro orden de cosas, es cierto que se trata del mayor presupuesto de la historia democrática de nuestra Región, pero es justo señalar que el incremento de ingresos se sostiene sobre una mayor recaudación del impuesto a las rentas del trabajo (IRPF) y del consumo (IVA) debido a una mejoría en la contratación, en los salarios con la subida del SMI y el avance en la negociación colectiva y en la actualización de las pensiones evitando que pierdan poder adquisitivo. Esta mayor recaudación debida a estos factores se traduce en una mayor financiación a través de los adelantos a cuenta del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) que este año aumenta su aportación en 675,3 millones, compensando de sobra la caída en la recepción de fondos europeos.
Como en presupuestos anteriores, mientras las rentas del trabajo siguen sosteniendo cada vez más la financiación de la CA y por tanto de los servicios públicos, infraestructuras e inversiones diversas, las rentas del capital que son las rentas más altas de nuestra Región se ven, de nuevo, beneficiadas por bonificaciones y exenciones fiscales provenientes fundamentalmente de la práctica desaparición del Impuesto de Patrimonio, que venía recaudando alrededor de 27 millones de euros, y de las bonificaciones del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que van dejar de recaudar 326 millones en 2024.