En estas últimas horas hemos conocido que el candidato designado para concitar una mayoría parlamentaria, el actual presidente en funciones Pedro Sánchez, ha articulado una mayoría que hace previsible su inminente designación como presidente del Gobierno. Para ambos sindicatos esta noticia es positiva y plenamente respetuosa con el resultado de las elecciones celebrada el pasado 23 de julio. España necesita recuperar cuanto antes un gobierno en plenas funciones que afronte con sensibilidad social los importantes retos que tenemos como país.
Todo parece indicar que tras la investidura se conformará un gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, reeditando una fórmula de gobierno progresista, cuya actividad legislativa deberá apoyarse en una mayoría parlamentaria heterogénea. Para UGT y CCOO, superada la investidura, debe abrirse paso una legislatura llamada a emprender una agenda social y de reformas, y para ello es necesaria la estabilidad parlamentaria.
De acuerdo con lo establecido en la Constitución, que recoge el carácter nuclear que tenemos los interlocutores sociales en la conformación de un estado social y democrático de derecho, UGT y CCOO apostamos por que el diálogo social sea un elemento central en la gobernabilidad de las relaciones laborales y socioeconómicas en estos próximos cuatro años. Para ello será imprescindible el desarrollo de una ley que proteja el carácter institucional que nos ha reservado nuestra norma fundamental de convivencia.
El diálogo social, pues, debe ser motor de las reformas legislativas a impulsar para facilitar las transiciones digitales y energético/ecológicas, que tienen un fuerte impacto en el tejido productivo y en el empleo.
Asimismo demandaremos un refuerzo de nuestros servicios públicos, con especial atención a la sanidad y la educación pública; una fiscalidad suficiente y progresiva, la reedición de un contrato social que incorpore una estrategia de cuidados y una ambiciosa política para el acceso a la vivienda, e instaremos a seguir dando pasos en la mejora de los derechos laborales mediante la actualización del Estatuto del Trabajo; el desarrollo de los acuerdos de seguridad social; el incremento del SMI; la regulación del despido, redefiniendo sus causas, acorde a la Carta Social Europea Revisada, o la necesaria reducción de la jornada laboral. Pedimos al gobierno ambición para lograr el objetivo del pleno empleo y políticas que beneficien a las mayorías sociales y a la clase trabajadora. La justificación primordial de un gobierno progresista será una potente agenda social que haga compatibles las transformaciones y transiciones en marcha con la lucha contra la desigualdad, la pobreza y la precariedad. En esta legislatura se debe desarrollar, por fin, el art.129 de la Constitución Española abriendo definitivamente la puerta de la democracia en las empresas.
El próximo gobierno estará emplazado a defender una posición en el seno de la Comisión Europea que evite que la reforma de la gobernanza económica europea imponga reglas fiscales que, por su ritmo o severidad, nos haga volver a las políticas de austeridad. CCOO y UGT hemos advertido de los riesgos de ese escenario. Las transiciones estratégicas que se están dando en nuestro país y en el conjunto de la Unión, en un momento de incertidumbre global, son incompatibles con políticas de ajuste. El riesgo de crecientes asimetrías, cuando los Estados con más margen fiscal están subsidiando intensamente sus aparatos productivos, es muy relevante.
CCOO y UGT somos conscientes de las polémicas y dificultades que han jalonado los diversos acuerdos de las fuerzas de gobierno con la mayoría parlamentaria y singularmente con los partidos nacionalistas. La llamada "ley de amnistía" puede ser un terreno polémico y resbaladizo, pero es necesario apostar por la normalización de la vida política y social en España y en Catalunya. Reconocemos que medidas anteriores han servido tanto para pacificar la situación en todo el país como para impulsar la marcha económica de los territorios afectados, por lo que esperamos que apuestas más audaces en el ámbito de nuestra norma fundamental de convivencia, cuya máxima interpretación corresponde en todo caso al Tribunal Constitucional, sirvan para dejar definitivamente atrás los episodios ligados al procès. Apelamos a retomar las vías de la negociación y el pacto político, y descartar cualquier escenario de unilateralidad en la formulación de cualquier marco de autogobierno.
Por otro lado, las diversas negociaciones sobre la condonación parcial de la deuda ligada al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) deben concretarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Más allá de las interpretaciones que se le han querido otorgar a este acuerdo, la medida está destinada al conjunto de comunidades autónomas. Es por ello que el debate apela directamente al propio modelo de financiación autonómico. Para UGT y CCOO esta cuestión es nuclear para abordar una mejora a largo plazo de los servicios públicos, muchos de ellos de competencia autonómica. El debate de la financiación autonómica no puede abordarse desde el agravio comparativo, y más allá de los criterios en disputa, lo que es innegable es que España necesita ampliar su base fiscal. Si el debate sobre financiación autonómica se hace a la vez que algunas CCAA apuestan por la desfiscalización (sobre todo de las rentas altas), será misión imposible alcanzar consensos satisfactorios.
La ciudadanía española ha apostado por una mayoría parlamentaria plural, que refleja la diversidad de nuestro país y ha rechazado la posibilidad de un gobierno con presencia de la extrema derecha. CCOO y UGT rechazamos cualquier intento de inestabilización institucional de nuestro país y, como siempre, seremos corresponsables defendiendo los intereses de las personas trabajadoras en cumplimiento del mandato constitucional que tenemos atribuido.