Más recursos al servicio de la deuda, menos a inversiones, pedanías y vivienda. Una legislatura aciaga para empresas, familias y ciudadanía. Los principales damnificados de este ataque presupuestario serán barrios y pedanías, cuyas Juntas Municipales verán reducidas sus aportaciones en más de 16 millones de euros.
Esa es la valoración de la situación económica y presupuestaria de la Corporación capitalina por parte de la Coordinadora Local de Izquierda Unida en Murcia tras el estudio de las cuentas públicas recientemente presentadas. Una estructura de gastos e ingresos demasiado rígida y embridada por la irresponsabilidad financiera de decisiones políticas de anteriores corporaciones del Partido Popular que sitúan la deuda real del municipio para el 2023 en los 314 millones de euros (deuda calculada según indicaciones de la Intervención General de la Administración del Estado). Consecuencia de dicha situación el servicio de la deuda se ha incrementado, respecto al ejercicio anterior, en un 313% teniendo que reembolsar a las entidades financieras acreedoras en este ejercicio 3.402.765 euros frente a los 822.796 euros del ejercicio 2022.
La elevada carga presupuestaria tiene además su correlato en la durísima caída de las inversiones, precisamente en un momento en que la incertidumbre económica –consecuencia de la dura política monetaria y la vuelta a las reglas de estabilidad presupuestaria por parte de las instituciones europeas–, hace más que necesaria el mantenimiento de las inversions. Sin embargo, Ballesta ha preferido recortar más del 55% y el capítulo de inversiones pasa de los 36 millones de euros para el 2022 a los 16 millones de este 2023.
Los principales damnificados de este ataque presupuestario serán barrios y pedanías, cuyas Juntas Municipales verán reducidas sus partidas en más de 16 millones de euros. También la política de vivienda será una de las grandes olvidadas, las subvenciones se siguen manteniendo, pero el cacareado plan de vivienda del PP no ve su luz en esta ocasión tampoco, la partida de inversiones para este centro gestor se sitúa en la anecdótica cantidad de 90000 euros.
Desde la coordinadora local de IU-Verdes Murcia también realizaron una valoración general sobre la necesidad de adecuar las ordenanzas fiscales, ante un entorno fiscal y económico cambiante, dada la rigidez de estas, inamovibles desde décadas en este consistorio, así como la necesidad de buscar fuentes de financiación alternativas, en este sentido señalaron la posibilidad de que desde la Corporación se realizara la elaboración de un plan de financiación sostenible que contemplara la emisión de bonos verdes cuyo coste financiero sería inferior a los intereses cobrados en la actualidad por la banca tradicional al Ayuntamiento de Murcia.
Por último pero no menos importante, se señala el elevado coste de la externalizaciones: 73 millones para CESPA (residuos) y 12 millones para Tribugest (recaudación) hacen cada vez más necesario plantearse la elaboración de un plan de regreso a la gestión directa de los servicios que se han externalizado y que podrían suponer un ahorro financiero y una mayor utilidad para sus usuarios.