Las cantidades que reciben tanto esta confederación como las organizaciones sindicales más representativas son una compensación por su participación en cerca de un centenar de consejos consultivos de distinta índole, en los que se trabaja en cuestiones que afectan al conjunto de la sociedad. Estas cantidades son finalistas, se justifican debidamente ante la Administración regional y no tienen nada que ver con el mal entendido concepto de subvención.
Genera dudas el planteamiento de ese punto 25 del acuerdo, teniendo en cuenta que, además lo dicho antes, los agentes sociales llevan a cabo otra serie de trabajos que emanan de pactos regionales y que no están sometidos a concurrencia competitiva.
Las tres leyes de Simplificación Administrativa, el pacto por la Estabilidad en el Empleo, el similar en Economía Sumergida, el acuerdo en materia de Prevención de Riesgos Laborales y el de Formación Profesional Dual, entre otros muchos, justifican sobradamente el interés social del trabajo que lleva a cabo esta confederación empresarial y que en ningún caso compensa el coste económico al que tiene que hacer frente para llevar a cabo estos fines.