La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias continúa desarrollando una política sanitaria en prisiones que está dejando sin asistencia a la población reclusa. La semana pasada cesaron a un médico interinos que trabajaban en la prisión de Sangonera, dejando a los 390 internos sin asistencia médica.

Las condiciones laborales y la degradación laboral imperante en Instituciones Penitenciarias han dejado las prisiones sin facultativos y facultativas, y muy mermado el resto de personal sanitario que tiene una sobrecarga de trabajo de más de un 50%.

En el caso del centro penitenciario de Murcia I están vacantes el 87% de las plazas de los facultativos necesarios para atender a los 390 internos, a los que la política penitenciaria en materia sanitaria de Instituciones Penitenciarias penaliza con una doble condena, la impuesta por el juez y la de la privación del derecho fundamental a la salud.

Sólo queda un facultativo en este centro penitenciario que se encuentra de baja laboral. Se está eliminando la asistencia primaria en prisiones dejando únicamente una atención de urgencias, con lo que la prevención, los diagnósticos a tiempo o la atención a pacientes con enfermedades crónicas están siendo cuestionados por la administración penitenciaria.

La degradación de la sanidad penitenciaria tiene graves consecuencias para el servicio público penitenciario:

• Se priva del derecho fundamental a la salud de los reclusos

• Se pone en riesgo la seguridad de los centros

• Se multiplican las agresiones al personal penitenciario

Instituciones Penitenciarias no tiene soluciones a esta grave situación, no ingresan médicos en las oposiciones por las pésimas condiciones laborales, las contrataciones son precarias y su única opción es precarizar y empeorar las condiciones laborales del personal de enfermería, intentando que cubran los espacios que no alcanzan a ocupar los médicos, poniendo a este personal en una grave inseguridad jurídica.

La implantación de un programa de "teleasistencia" médica ha demostrado ser totalmente ineficaz para abordar el problema, porque recae sobre médicos donde ya no hay, no hay contacto con el interno y se transfieren las responsabilidades al personal de enfermería, por no hablar de los fallos de la tecnología o la saturación en momentos críticos.

CCOO lleva insistiendo que no se puede jugar con un derecho fundamental tan importante como el de la salud, poniendo en riesgo la vida de las personas por la incapacidad de gestionar un servicio público.

CCOO exige:

1. Que se cumpla la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y se transfiera, después de 20 años, la sanidad penitenciaria a las Comunidades Autónomas.

2. Que se adecuen las condiciones laborales y retributivas del personal sanitario a las responsabilidades y condiciones de trabajo que realizan.

En el caso de la prisión de Sangonera, la solución coyuntural, pasa por la alternativa que CCOO hemos defendido ante la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias de alcanzar convenios de colaboración con el servicio de salud murciano.