El vehículo intervenido fue localizado tras una compleja investigación oculto en un garaje de una urbanización de Murcia

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado una investigación para esclarecer la supuesta apropiación indebida de un vehículo histórico y exclusivo, valorado en más de un millón de euros, que ha culminado con la investigación de dos personas como presuntas autoras de los delitos de apropiación indebida y falsedad documental.

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Sector de Tráfico de la Guardia Civil abrió la operación para investigar los hechos relatados en una denuncia en la que se informaba de la sustracción de un vehículo histórico de un elevado valor.

La supuesta víctima denunció que era propietario de un vehículo deportivo marca Sbarro, modelo GT1, que es un vehículo exclusivo y único en el mundo y que está tasado en más de 1,2 millones de euros.

En su manifestación relató que dejó su automóvil deportivo en un taller mecánico del municipio murciano para realizar una serie de reparaciones y que, una vez concluidas estas, por la buena relación que tenía con el propietario del establecimiento, lo guardarían allí hasta durante un tiempo.

Según el denunciante, aprovechando que estaba siendo intervenido quirúrgicamente de una dolencia, una tercera persona, en unión de un varón de mediana edad, se personó en el establecimiento donde se encontraba el vehículo y se lo llevó circulando sin autorización ni consentimiento del propietario.

Esta persona se identificó en el taller con la documentación del vehículo como titular del mismo, amenazando al encargado de que si no le dejaban llevárselo le denunciaría, por lo que accedió a tal requerimiento, aunque no se trataba de la persona que había dejado el vehículo a reparar.

Los guardias civiles orientaron los primeros pasos de la operación a verificar los hechos delictivos denunciados y, en su caso, esclarecerlos con la identificación de los autores y la localización del vehículo.

Las primeras pesquisas practicadas permitieron constatar que se trataba de dos supuestos ilícitos penales de apropiación indebida y falsedad documental en los trámites de transferencia por cambio de titularidad del vehículo de alta gama, ya que como se denuncia, el perjudicado no firmó los documentos admitidos al trámite jurídico de la administración para el cambio de titularidad en la Jefatura Provincial de Tráfico.

Poco después, los guardias civiles del GIAT, en colaboración de especialistas en Policía Judicial de la Benemérita, establecieron un dispositivo de búsqueda sobre el exclusivo vehículo, lo que permitió obtener indicios de que podría estar estacionado y oculto en un garaje de una urbanización del municipio murciano.

Esta línea de investigación llevó a los guardias civiles hasta el vehículo apropiado indebidamente, que fue incautado y trasladado hasta dependencias oficiales del Sector de Tráfico de Murcia para continuar con la investigación.

El desarrollo de la operación condujo a los guardias civiles hasta los dos sospechosos de los delitos denunciados. Una vez obtenidos todos los indicios necesarios se ha localizado e investigado a un hombre, de edad avanzada, al que se le ha instruido diligencias como presunto autor de los delitos de apropiación indebida y falsedad documental. También se ha localizado a una segunda persona, que acompañaba al primero cuando se apropió el vehículo del taller, que se le ha investigado como presunta autora de delito de falsedad documental, por introducir al trámite jurídico de la administración documentos de cambio de titular sin ser firmados ni tener el consentimiento del interesado.

El vehículo intervenido de alta gama ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Murcia, junto con las diligencias instruidas.

El delito de apropiación indebida se encuentra recogido en el art. 253 del Código Penal y es castigado con penas de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses.

El delito de falsedad documental cometido por particulares en documento oficial, al suponer en un acto la intervención de personas que no la han tenido, aparece sancionado en el Código Penal, en su artículo 392, con la pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.