El escándalo por la autorización ilegal de al menos 70 macrogranjas en la Región sigue creciendo. Las ampliaciones de las explotaciones porcinas se habrían estado produciendo entre 2008 y 2020 sin ningún tipo de evaluación ambiental, algo que ha llevado al Consejo Jurídico a declarar nulas de pleno derecho dichas autorizaciones. Desde Podemos, el diputado Víctor Egío considera probado que "el Partido Popular y el lobby de las macrogranjas han trabajado de la mano para saltarse la ley" y ha exigido a la Fiscalía investigar "a cambio de qué" se ha venido produciendo este descontrol.
En concreto, Egío pide revistar "el patrimonio de todos los consejeros y altos cargos que han desfilado por Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente en los últimos años", así como "tomar declaración a los funcionarios que han denunciado presiones". La formación morada, sin embargo, va incluso más allá y reclama al PP excluir a Antonio Luengo de su candidatura al Senado en las próximas elecciones generales por su implicación en esta trama. Víctor Egío considera que Luengo, que todavía ejerce como consejero en funciones de Agua, Agricultura y Ganadería, "está manchado y no puede representar a la Región en ninguna institución". "El lobby de las macrogranjas y la corrupción política son inseparables en la Región de Murcia y vamos a llegar hasta el final para acabar con su impunidad", ha asegurado el diputado.
Víctor Egío ha recordado además que "esta situación no es nueva" y que su partido "ha denunciado en muchas ocasiones la falta de cualquier tipo de control a las macrogranjas", ante la pasividad de Luengo y López Miras. Sin ir más lejos, la portavoz de la formación morada, María Marín, llevó a la Asamblea el 9 de febrero del año pasado pruebas gráficas que demostraban la existencia de balsas de purines sin impermeabilizar, vertidos ilegales a ramblas y grandes acumulaciones de estiércol sobre el terreno prohibidas por la Ley del Mar Menor. Aunque en aquel pleno Antonio Luengo acusó a Marín de mentir, el Seprona llevó a cabo una operación contra una decena de explotaciones junto al Mar Menor solo dos días después que culminó con graves sanciones.