La organización teme que de no ser así, hasta el mes de septiembre u octubre siga paralizada la Justicia, con los graves perjuicios que eso conllevaría

La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, CONSUMUR, muestra su profunda preocupación por la situación de paralización que desde hace meses viene afectando al ámbito judicial.

Entre la huelga de los letrados de Justicia, que comenzó en enero y finalizó a finales de marzo y la actual que afrontan los funcionarios de la Administración de Justicia, y que comenzó a mediados del mes de abril, ha trascurrido prácticamente medio año en el que cientos de miles de casos en todo el país se han visto paralizados, ocasionando esta situación importantes perjuicios de todo tipo, no sólo a nivel económico, sino también personal y social, sin olvidar las consecuencias para los profesionales de la abogacía.

CONSUMUR considera que la situación generada es insostenible, por lo que exige a las partes en conflicto que intensifiquen al máximo el proceso de negociación para alcanzar un acuerdo de forma inmediata, que permita reactivar con la mayor celeridad un servicio público esencial para la ciudadanía como es la justicia.

En este sentido, Roberto Barceló Vivancos, Presidente de CONSUMUR, manifiesta que “No vamos a entrar a valorar las razones o derechos, o no, de quienes están en huelga, pero sí solicitamos al Ministerio de Justicia que se tomen medidas urgentes que nos haga salir de esta paralización. Tampoco valoramos cuáles deben ser, pero sí deben tener resultados inmediatos”.

“Los ciudadanos, como usuarios cautivos en la resolución legal de sus problemas a través de los juzgados, no han de ser quienes asuman el coste de esta situación” recuerda el Presidente de CONSUMUR.

Igualmente, la organización teme que el actual contexto político esté afectando al conflicto, dado que desde el Gobierno se puede estar midiendo en clave electoral las decisiones a adoptar, a fin de minimizar al máximo los perjuicios que pudieran suponer. Entendemos que la ciudadanía no puede estar a expensas de esta situación, máxime teniendo en cuenta que de no llegar a un acuerdo antes de las Elecciones Generales, supondría una paralización de la Justicia hasta el mes de septiembre u octubre, teniendo en cuenta la inactividad habitual de este sector en el mes de agosto.

Finalmente, la organización entiende que mientras se llega a un acuerdo, es fundamental que se garantice el cumplimiento de los servicios mínimos y se empiece a trabajar en un plan de recuperación de la actividad. En este sentido, CONSUMUR considera prioritario trabajar en una reforma estructural del sistema judicial, dotándole de mayores recursos humanos y técnicos, que agilicen los plazos en las resoluciones judiciales y modernicen el sistema.