El Gobierno regional "rechaza cualquier medida que suponga dificultades al desarrollo de la Formación Profesional" y ha solicitado en la Conferencia de Educación que se derogue la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de los alumnos que realicen prácticas formativas o académicas externas incluidas en programas de formación, contemplada en el Real Decreto 2/2023, o bien que se bonifique al 100 por ciento, porque esta medida "supone un coste para empresas y entidades y no contribuye a promover la Formación Profesional".

El consejero de Educación, Formación Profesional, Víctor Marín, participó hoy, de forma telemática, en la Conferencia de Educación junto a consejeros del resto de comunidades autónomas.

Marín explicó que "la bonificación del 95 por ciento que ha anunciado el Gobierno central sigue suponiendo un coste para la empresa o entidad". Además, esta medida no se ha acompañado de memoria económica ni de dotación específica. El consejero indicó que solicitar una subvención incrementa la carga burocrática de las administraciones y centralizar el procedimiento de altas y bajas de los alumnos en prácticas requiere de más recursos.

"El sector empresarial y las universidades rechazan esta propuesta porque necesitan facilidades para promover la FP y las prácticas, no dificultades, ya que una de las claves fundamentales para el éxito de la Formación Profesional son las empresas que acogen a alumnos en prácticas", agregó Marín.

El titular de Educación explicó que "se trata de una medida injusta, fuera de lugar e irresponsable que busca manipular los datos de afiliación a la Seguridad Social de cara a final de año, a costa de lastrar el impulso de la FP, una de las herramientas más importantes de desarrollo a futuro que tiene España".