Exigen la paralización de la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa y un incremento retributivo en la línea acordada por la Administración General del Estado con las asociaciones de letrados y letradas de la Administración de Justicia (LAJ).

CCOO, junto a CSIF, STAJ y UGT, sindicatos convocantes de las movilizaciones, encuentran más que justificada la convocatoria de huelga porque el Gobierno ha tratado como funcionarios y funcionarias de segunda al 93 % del personal de la Administración de Justicia que lleva el peso fundamental del trabajo, elevando las retribuciones de solo el 7 % restante (el cuerpo de LAJ).

Para las organizaciones convocantes no está reconocida en la actualidad la responsabilidad, profesionalidad y especialización de la totalidad del personal de la Administración de Justicia (cuerpos generales, especiales y médicos forenses) ni las funciones reales de los cuerpos generales. Asimismo, se desprecia la implicación, la participación y el papel determinante de la inmensa mayoría del personal de la Administración de Justicia en los nuevos modelos organizativos y tecnológicos.

Los sindicatos denuncian que el Ministerio de Justicia quiere imponer, sin negociar, la Ley de Eficiencia Organizativa que pone en riesgo los puestos de trabajo, los destinos, la movilidad voluntaria, las retribuciones especiales y las funciones concretas del personal de la Administración de Justicia.

Con las movilizaciones y la huelga convocadas los sindicatos exigen la paralización de la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa hasta que no se alcance un acuerdo para su modificación en la Mesa Sectorial de la Administración de Justicia.

CCOO, CSIF, STAJ y UGT también exigen el reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que realmente realizan todos los cuerpos funcionariales, eliminándose la acumulación en el cuerpo de LAJ de funciones que finalmente realizan y son delegadas a los cuerpos generales sin compensación.

Reivindican el incremento del complemento general del puesto, que es el único concepto retributivo de aplicación para todos los cuerpos generales y especiales y para todos los ámbitos territoriales (transferidos y no transferidos).

De ese modo los sindicatos reclaman incrementos retributivos de 430 euros mensuales para médicos forenses y facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (personal funcionario del grupo A1, igual que los LAJ), 400 euros para Gestión y técnicos especialistas de laboratorio (grupo A2), 375 euros para Tramitación y ayudantes de laboratorio (grupo C1) y 350 euros mensuales para Auxilio Judicial (grupo C2).

Los sindicatos reclaman, por último, la eliminación de las diferencias retributivas derivadas de los grupos de población, elevándolas a las que se perciben en el grupo 1 (Madrid y Barcelona) y la publicación antes de que finalice esta legislatura y previa negociación colectiva del real decreto que establezca los criterios y cuantías mínimas del complemento de carrera profesional.

Las movilizaciones en la Administración de Justicia tendrán su inicio con una concentración de delegados y delegadas sindicales de las cuatro organizaciones sindicales el próximo 12 de abril a las puertas del Ministerio de Justicia.

A partir del 17 de abril se han convocado paros de 10:00 a 13:00 en los centros de trabajo de la Administración de Justicia de toda España que se desarrollarán de forma indefinida hasta que el Ministerio de Justicia acceda a las reivindicaciones planteadas.

El 19 de abril la convocatoria de huelga será de la jornada de trabajo completa, junto con una gran manifestación en Madrid a la que asistirán trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia de toda España.