Las enfermeras y fisioterapeutas de la sanidad pública se están dirigiendo al presidente del Gobierno para reclamar al Gobierno que recupere el abono íntegro de sus pagas extraordinarias, un derecho laboral "sustraído" hace más de 12 años y que les ha supuesto perder hasta un total de unos 7.500 euros.

Las enfermeras y fisioterapeutas que trabajan en la sanidad pública llevan sufriendo desde 2010 un recorte del 27 por ciento de la cuantía total de cada una de las dos pagas extraordinarias que tienen al año. Una medida que se ha "perpetuado" en el tiempo sin que ningún gobierno haya hecho nada al respecto, denuncia SATSE.

Las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas se están dirigiendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reclamar al Gobierno que recupere el abono íntegro de sus pagas extraordinarias, un derecho laboral "sustraído" hace más de 12 años y que les ha supuesto perder hasta un total de unos 7.500 euros.

Además de la edición y distribución de 50.000 carteles, el Sindicato de Enfermería está animando a las enfermeras y fisioterapeutas de la sanidad pública a que se dirijan personalmente al presidente del Gobierno para solicitarle que se realicen las modificaciones legales que correspondan y se ponga fin al recorte que sufren sus pagas extraordinarias desde 2010.

SATSE recuerda que el recorte en las pagas extraordinarias de los profesionales del sector público se produjo en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a raíz de la crisis económica mundial que afectó durante años a nuestro país. "Una medida que no tiene ningún sentido ni justificación alguna en los actuales momentos cuando el crecimiento de la economía española se prevé garantizado, al menos, hasta 2025", añaden desde la organización sindical.

En concreto, las enfermeras y fisioterapeutas, al igual que otros miles de profesionales que trabajan en otros ámbitos de la administración pública, llevan sufriendo desde 2010 un recorte del 27 por ciento de la cuantía total de cada una de sus dos pagas extraordinarias al año, lo que supuso el primer año más de 300 euros y una media de 600 euros cada año de los posteriores hasta la actualidad. En total, la cuantía asciende hasta los 7.500 euros.

En el escrito dirigido a Pedro Sánchez, el profesional señala que es entendible que en un contexto determinado de recesión económica se tomen medidas para poder hacer frente a la

situación, pero no lo es que, pasados más de 12 años, no se haya planteado ningún Gobierno eliminar el recorte de las pagas extraordinarias, a pesar de que cuando se promulgó no se hizo con carácter definitivo sino temporal y excepcional.

Asimismo, los profesionales de Enfermería y Fisioterapia afectados reclaman al presidente del Ejecutivo español la devolución de las cantidades recortadas en concepto de pagas extraordinarias desde 2010. "No se trata, en modo alguno, de un incremento retributivo, sino que se devuelva a los profesionales de la sanidad pública lo sustraído hace más de doce años", apunta

En cada caso, y en función del periodo trabajado desde esa fecha, cada profesional informa al presidente del Gobierno de la cantidad que se le adeuda, y que puede llegar hasta una cantidad total en torno a los 7.500 euros, explican desde la organización sindical.

Por último, los profesionales lamentan en su escrito que este recorte en las pagas se mantenga año tras año, a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, pareciendo haberse consolidado sin que ningún Gobierno haya mostrado interés en restituirlas al valor previsto en la legislación que las regula, a pesar de que con el paso de los años la situación económica y presupuestaria de nuestro país ha ido evolucionando positivamente.

"Año tras año, la pérdida de poder adquisitivo de cientos de miles de profesionales ha ido aumentando hasta superar el 30 por ciento. Una lamentable realidad que nadie parece querer reconocer y, mucho menos, resolver. Mientras la vida se ha ido encareciendo, llegando a niveles nunca vistos en la actualidad, su labor asistencial y de cuidados no se ha visto en modo alguno reconocida salarialmente, como debería, por el conjunto de administraciones públicas", concluye SATSE.