El Juzgado número 1 de Cartagena ha acordado incoar diligencias en relación con la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción de la Región de Murcia por presuntas irregularidades y tratos de favor en determinadas contrataciones de la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Entre los investigados destacan la actual presidenta de la APC, Yolanda Muñoz, y su antecesor, Antonio Sevilla. En este sentido, se investiga la posible existencia de posibles delitos, entre los que se encuentran los de prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos,negociaciones y actividades prohibidas y falsedad de documentos públicos.
Consecuencia de ello, Muñoz ha declarado en prensa que no dimitirá y que solicitará dos auditorías, una interna a la Intervención General de la Administración del Estado y otra externa, la cual parece no ha sido autorizada por el Consejo de Administración de la APC.
Por ello, desde el GP VOX se han formulado las siguientes preguntas al Ejecutivo:
¿Está haciendo seguimiento el Gobierno del caso expuesto?
¿Ha autorizado el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Cartagena la realización de dos auditorías para esclarecer los hechos?
¿Ha recibido la Intervención General de la Administración del Estado la solicitud formal por parte de la Autoridad Portuaria de Cartagena para realizar una auditoría para esclarecer los hechos?