La última decisión del Gobierno de España, a iniciativa de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, de seguir reduciendo las aportaciones del trasvase Tajo-Segura es un nuevo ataque para el Levante español y en particular para la Región de Murcia, que tiene en dicha infraestructura una de las razones de ser para su crecimiento social y económico.

El Gobierno ha desoído el dictamen del Consejo de Estado para volver a recortar el envío de agua y desoír así el clamor de los miles de empresarios y trabajadores del sector agroalimentario de Alicante, la Región de Murcia y Almería. El hecho de que las comunidades mediterráneas concentren la mayor parte del PIB y la población de España, además de ser la despensa del continente europeo, no son motivos suficientes, por lo que parece, para escuchar unas demandas proporcionadas y jurídica y técnicamente justificadas que tienen por objetivo proteger la auténtica palanca de la economía de estas zonas.

Para CROEM, se trata de un nuevo episodio de una forma de hacer política que el tejido empresarial regional rechaza de plano y que poco tiene que ver con la salvaguarda de los intereses generales. Sin tener en cuenta lo que esto supondrá no sólo para los territorios afectados sino para el conjunto de España, la decisión del Gobierno central es reflejo del sectarismo irracional que domina el panorama político y que ha llegado a las instituciones en su peor versión posible.

Decir que el agua del trasvase se suplirá con un incremento de la desalación demuestra un profundo desconocimiento de la realidad que vive la cuenca del Segura y de las necesidades del regadío. Ni la calidad del agua desalada ni el precio que se paga por ella permitirán la supervivencia de muchos cultivos.  

Ni este Ejecutivo ni ningún otro con responsabilidades de gobierno en España en los últimos treinta años ha tenido el coraje de plantear soluciones reales a los problemas hídricos de este país, cuya solución pasa por una planificación con visión de Estado en la que prime el respeto a los principios de equilibrio y solidaridad entre territorios.

Nuestros gobernantes deben de velar por el interés general y trabajar aplicando criterios comunes que afecten a todas las regiones por igual y no con favoritismos, dilapidando a los que políticamente no son afines y dando la espalda a la ciudadanía y la actividad económica.

CROEM seguirá defendiendo los intereses de agricultores, regantes y de la industria agroalimentaria en su conjunto, así como de todos los sectores de actividad directa e indirectamente relacionados con su futuro, puesto que son generadores de miles de empleos del que dependen miles de familias en el sureste español.

Esta confederación actuará como punta de lanza de cualquier reivindicación, movilización e iniciativa que se tome para proteger sus intereses.