La Comunidad Autónoma ha ampliado en 1.160.857 euros la cuantía de las ayudas que gestiona en colaboración con Cáritas para garantizar el hogar de las familias vulnerables. Estas subvenciones se enmarcan en la línea de ayudas de emergencia social de vivienda de la estrategia 'Haciendo Hogar' para garantizar una vivienda a aquellas familias más afectadas por la actual crisis económica.
El Ejecutivo regional ha incrementado recientemente este programa de ayudas que gestiona con ocho ONG con 3,7 millones de euros más, que se suman a los más de 9 millones que fueron destinados a este fin desde que arrancaron estas subvenciones.
El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, mantuvo hoy un encuentro con el director y el secretario general de Cáritas, José Antonio Planes y Juan Antonio Illán, respectivamente, donde resaltó que "la inversión de 12,7 millones supone un importante esfuerzo que estamos haciendo para dotar estas ayudas de suficiente cuantía económica con el fin de que ningún ciudadano se vea abocado a perder su vivienda".
"Más de 4.700 familias en situación de vulnerabilidad han podido mantener su hogar gracias a este programa de atención social impulsado por el Gobierno regional, de las que 2.967 han sido atendidas por Cáritas gracias a las ayudas concedidas, que suman un total de 3 millones", destacó Díez de Revenga, que subrayó "el papel de esta entidad social cuya capilaridad en el tejido social nos posibilita llegar a todos los rincones de la Región de Murcia".
Puso de manifiesto que tanto Cáritas como el resto de entidades sociales que colaboran con la Comunidad en la tramitación de estas ayudas, "realizan una labor social muy importante como un eslabón fundamental para que desde la Administración regional podamos atender a los colectivos más vulnerables y las subvenciones lleguen con más celeridad a sus destinatarios".
La línea de ayudas de emergencia social está destinada a afrontar el pago de la mensualidad del alquiler o la renta de la vivienda con hasta 450 euros al mes y cubrir los suministros básicos de luz, agua y gas con hasta un máximo de 200 euros. Los destinatarios son personas vulnerables en riesgo de perder su vivienda, víctimas de violencia de género o en peligro de desahucio.