La Región de Murcia advirtió durante la Conferencia Sectorial de la Infancia y la Adolescencia, celebrada ayer, que el programa de 'Competencias Digitales para la Infancia' "no es una propuesta realista ni podrá posiblemente ejecutarse en su totalidad durante el próximo año". La Región de Murcia recibirá 2.135.100 euros para formar a un mínimo de 9.293 menores, pero la iniciativa del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 "presenta muchos inconvenientes", indicó al respecto la consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, Isabel Franco.
De hecho, el Gobierno regional ya había avisado al Ministerio en la anterior reunión en la que se trató esta cuestión de los problemas que presentaba la propuesta, comenzando con que hay un desajuste evidente entre la cantidad de fondos a ejecutar (50 millones de euros), los niños a los que se quiere formar (más de 217.000) y los estrictos requisitos para su ejecución.
Así, la Comunidad considera un inconveniente que estos fondos sólo se puedan ejecutar en formación, sin que sea posible realizar ningún tipo de inversión inventariable, por lo que no se pueden utilizar para que los centros de protección o las entidades adquieran equipos informáticos. Asimismo, la formación se vincula a la existencia de una plataforma que no estará disponible posiblemente hasta mediados del próximo año, quedando sólo seis meses para su ejecución en el ejercicio de 2023.
El programa presenta asimismo unos requisitos muy restrictivos, por lo que será de difícil cumplimiento la ejecución completa de estos fondos. No se permite, por ejemplo, su ejecución en horario escolar, ni contempla la dispersión geográfica de muchas comunidades donde es difícil llegar a la población infantil de manera eficaz; solapándose además claramente con otro programa idéntico que ya están ejecutando las comunidades autónomas a través del Ministerio de Educación.
La consejera afirmó que "se trata de un despropósito más del Ministerio que encabeza Ione Belarra. Nosotros hemos dejado claro ante el Ministerio los desajustes que la propuesta presenta para su ejecución, y que, si el programa no alcanza los objetivos fijados, no podrá culparse a las comunidades autónomas de ese fracaso".