El 2021 cerró con 628 viviendas okupadas en la Región y de enero a agosto de este año ya hay acumuladas 447 notificaciones, según se desprenden de los datos del Gobierno de España.

El Gobierno de Sánchez y sus socios han votado en contra de la Proposición de Ley impulsada por el PP para frenar la okupación.

Borrego: "Para el PP la propiedad privada es irrenunciable, se debe garantizar y proteger".

El Partido Popular de la Región de Murcia ha denunciado que "el Gobierno de Sánchez sigue negando el problema de la okupación, a pesar de que en la Región sigue aumentando", según se desprende de los últimos datos enviados por el Gobierno de España a los diputados del PP en el Congreso de los Diputados.

Concretamente, el 2021 se cerró con 628 hechos conocidos de okupación ilegal y de enero a agosto de este año ya hay acumulados 447, lo que, en palabras de la diputada nacional del PP, Isabel Borrego, "supone un aumento disparatado al que no se le pone freno el Gobierno social-comunista que, con su política nefasta, han permitido que la okupación ilegal siga creciendo".

En este sentido, la parlamentaria ha denunciado "el abandono total al que los propietarios están sometidos que sienten desprotegidos ante un fenómeno que en ningún caso puede entenderse como una vía de acceso a la vivienda, sino como un delito contra la propiedad privada".

Al respecto, ha lamentado que se haya visto, con la negativa a aprobar la Proposición de ley contra la okupación impulsada por el PP en el Congreso de los Diputados, "como la izquierda con su voto en contra cataloga este fenómeno como un derecho natural".

"Mientras la ministra Montero dice que el problema de la okupación es inexistente en realidad es que en España se okupa un a vivienda cada hora", ha insistido Borrego, quien ha remarcado en contra posición para "el PP la propiedad privada es irrenunciable, se debe garantizar y proteger".

En este sentido, ha reivindicado que "se debe de ayudar a las personas que tienen más dificultades para acceder a una vivienda, como está haciendo el Gobierno de López Miras, pero nunca invadiendo la propiedad legítima del otro".

Así, ha defendido que "el okupa debe ser desalojado en 24 horas, no debe de tener derecho al padrón municipal, no tener protección de domicilio ante una posible actuación de un agente de la autoridad, entre otros", tal y como recogía la Proposición de Ley tumbada por Pedro Sánchez y sus socios.