La organización ecologista recuerda que se trata de una práctica con una elevada incidencia en la calidad del aire en muchos puntos de la región, y lamenta que el gobierno regional siga evitando aprobar medidas contra este tipo de contaminación.
Ecologistas en Acción ha criticado el decreto-ley aprobado recientemente por el gobierno regional. Para la organización ecologista el único objetivo de este decreto es responder a las demandas del sector agrario regional, pero se olvida –explican- de establecer medidas de protección de la salud de la población afectada por una práctica que tiene un elevado impacto en la calidad del aire, tal como ya ha quedado constatado por la Dirección General de Calidad Ambiental en las campañas de seguimiento que ha realizado.
Se trata de una norma “que podrá dar seguridad jurídica al sector agrario para seguir realizando quemas, amparados en la excepcionalidad del riesgo fitosanitario, pero que no ofrece ninguna seguridad jurídica para la protección de la salud de las personas afectadas por este tipo de contaminación”.
El decreto–ley contempla un sólo artículo referido a contaminación y protección de la salud, pero este apenas sugiere medidas inútiles e ineficaces dada la magnitud real de este problema. También critican que la Comunidad Autónoma deje en manos de los ayuntamientos el futuro establecimiento de medidas de protección de la salud pública y control de esta práctica. Por un lado, esto significa el reconocimiento implícito de que esta es una práctica perniciosa para la salud, pero por otro lado se evita establecer normas de protección de la salud adecuadas y un régimen disciplinario común para todo el territorio de la región. Lejos de esto, lo que se hace es pasar la pelota a los 45 ayuntamientos de la región, que presumiblemente no plantearán medidas de protección de salud pública alguna, como hasta ahora ya ha ocurrido, amparándose siempre en la falta de competencias.
Ecologistas en Acción recuerda que las quemas agrícolas siguen estando prohibidas por la ley estatal de residuos (Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular), sólo se permite su uso de manera excepcional como medida de control de plagas y siempre que quede debidamente justificado su uso. Sin embargo, expresan su preocupación “porque la excepción se pueda acabar convirtiendo en un coladero bajo el que se justifique todo, debido a la falta de voluntad real de control de esta práctica, tanto por los ayuntamientos como por parte de la Comunidad Autónoma”. Acusan a ambas administraciones de haber mantenido hasta ahora una actitud permisiva, además de haber hecho gala de una descoordinación provocada, con el objetivo común de eludir la asunción de competencias para controlar, intervenir y sancionar, incluso cuando se han registrado graves episodios de contaminación.
Por último, Ecologistas en Acción recuerda que ha sido la propia Dirección General de Salud Pública quien ha llamado en diversas ocasiones la atención sobre la elevada incidencia que las quemas agrícolas pueden llegar a tener en la calidad del aire y, por tanto, sobre las consecuencias que esta práctica tiene en la salud de las personas a corto, medio y largo plazo. Por lo que lamentan que desde la Comunidad Autónoma se siga optando por ceder a las presiones del sector agrario regional, en lugar de buscar soluciones a un problema de salud pública como este.