La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, CONSUMUR, reunió ayer a varios de los afectados por el cártel de vehículos, unos acuerdos entre fabricantes que tuvo como efecto una restricción de la competencia en la fijación de precios de venta de automóviles.

Esta es la segunda asamblea que la organización convoca con los afectados (la primera fue en el mes de febrero), con el fin de resolver de manera conjunta todas sus dudas y comenzar los trámites de reclamaciones.

Cabe destacar que muchos de los afectados no pudieron reclamar en ese momento por haber trascurrido el plazo para ello.

Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la reclamación de daños por estas prácticas anticompetitivas ha ampliado el plazo de prescripción de 1 a 5 años, siendo posible, por tanto, que consumidores que hasta ahora no habían podido reclamar, puedan hacerlo.

La Asamblea también se ha podido seguir de manera online, a través de la plataforma Zoom.

La organización anima a los consumidores que no hayan podido asistir, pero estén interesados en recibir información, que contacten con CONSUMUR

Prácticas anticompetitivas

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó, en 2015 y 2016, a 21 fabricantes, 130 concesionarios y 2 consultoras por prácticas anticompetitivas, al quedar demostrado que habían acordado fijar los precios de los vehículos.

Este hecho afecta a las personas que compraron un vehículo nuevo entre febrero de 2006 y agosto de 2013, de las marcas BMW, Citroën, Chevrolet, Chrysler, Fiat, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, VW Audi o Volvo en alguno de los 130 concesionarios sancionados.

No todas las marcas tenían acuerdos durante el periodo cartelizado, por lo que desde la organización se irá informando a los posibles afectados si lo son y pueden iniciar acciones contra la marca, o no.

El sobrecoste que los compradores abonaron se estima que ronda entre el 10 y el 15%, que varía en función del valor del vehículo, aunque todavía no existen resoluciones judiciales sobre esta cuestión.

Es imprescindible para poder reclamar que se disponga de copia de la factura de la compra del vehículo.