El consejero Antonio Luengo recuerda que el Ministerio no ha querido escuchar a los usuarios del trasvase y afirma que "primero decidieron el volumen de agua a reducir, y luego buscaron la justificación técnica"

El Gobierno de la Región de Murcia denunció hoy la falta de estudios y de criterios objetivos que respalden la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de incrementar de 6 a 8,6 metros cúbicos por segundo el caudal ecológico del río Tajo en su tramo central, lo que supondrá un recorte de aproximadamente 80 hectómetros cúbicos al año en el trasvase Tajo-Segura. Para el Ejecutivo, se trata de una decisión política que no argumenta debidamente el supuesto beneficio medioambiental que traería consigo, mientras que lo que sí resultaría evidente sería el daño social, económico y medioambiental para la Región de Murcia y el Levante.

La reunión del 29 de noviembre del Consejo Nacional del Agua abordará la aprobación de los diferentes planes hidrológicos, y por tanto podría respaldar ese incremento de caudales del Ministerio que amenaza la supervivencia del Tajo-Segura. De cara a analizar este escenario y definir la respuesta de la Región de Murcia, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se reunió hoy en el Palacio de San Esteban con el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez; y con Antonio Fanlo y Luis Garrote, catedráticos de referencia en los ámbitos del Derecho y la Ingeniería Civil, respectivamente.

Tras la reunión, el consejero titular de Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Luengo, recordó que "tal y como puso de manifiesto el presidente, el Gobierno regional utilizará todas las herramientas jurídicas y técnicas a su alcance para evitar que llegue a buen puerto la reducción del volumen de agua que va a llegar al Segura". Así, su departamento trabaja ya en los argumentos jurídicos a hacer valer en caso de que el Consejo Nacional del Agua dé luz verde a ese incremento de los caudales ecológicos, si bien posteriormente debería ser refrendado por el Consejo de Ministros.

Luengo recordó que "el único plan hidrológico que no ha sido consensuado con todos los usuarios ha sido el del Tajo", ya que "no han escuchado en absoluto a los principales usuarios de ese plan, que son los del Segura". Igualmente, criticó "la falta de objetividad y de rigor" a la hora de justificar ese incremento de caudales.

Al respecto, aseguró que "había un mandato claro por parte del Gobierno de España: articular el mecanismo técnico que fuera necesario para reducir el volumen de agua que llegaba al Segura. Es decir, en primer lugar se estableció la cantidad de agua a minorar, y después se buscó la herramienta técnica que permitiera obtener esa cifra".

Sobre la falta de estudios que avalen los niveles definidos por el Ministerio, explicó que "llama mucho la atención que no se disponga de esos trabajos necesarios para conocer cuál es el impacto medioambiental que puede tener sobre el río, y lo que es más importante, el impacto social y económico que va a tener esta decisión sobre el Levante español".

Asimismo, afirmó que "para mejorar la salud del Tajo no hay que incrementar los caudales ecológicos, sino dejar de verter agua contaminada al río, y para eso hay que invertir en depuración de aguas, sobre todo en los municipios de la cabecera".

Contraste entre beneficios ambientales y socieconómicos

Durante la reunión, una de las críticas a la decisión del Ministerio trasladadas por el catedrático Garrote fue que no se ha tenido en cuenta ningún análisis que, de forma comparada, contraste los supuestos beneficios ambientales de incrementar los caudales ecológicos con los perjuicios socioeconómicos derivados.

Por su parte, y ya desde el punto de vista jurídico, el catedrático Antonio Fanlo señaló la incoherencia entre las previsiones del Plan Hidrológico del Tajo y las del Segura, con una falta de adecuación al marco legislativo general. A esa falta de coordinación se suma el hecho de que los caudales ecológicos deben hacerse compatibles con los usos socioeconómicos. Así, dado que no hay garantías de que la minoración de caudales vaya a suponer una efectiva mejora de la calidad del agua, Garrote también trasladó que deberían valorarse la gravedad de las consecuencias socioeconómicas.