El acoso escolar se ha significado como un problema no resuelto causante de daños físicos y psicológicos a cientos de menores de edad en múltiples centros de enseñanza diseminados por todo el territorio nacional.

El bullying, entendido como una forma de maltrato físico, verbal o psicológico que se produce en escolares de forma reiterada y a lo largo del tiempo, es la denominación más divulgada de esta conducta.

El GP VOX entiende que, a pesar de las medidas puestas en marcha por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes en 2016, el acoso escolar no se ha reducido y los afectados siguen teniendo los mismos problemas todavía sin resolver.

La familia, entendida como institución anterior al Estado, es la encargada primera de asegurarse el bienestar del menor.

Es por ello que el Estado debe garantizar a la familia el debido reconocimiento jurídico.

La protección de las familias, presente en el artículo 39.1 de la Constitución Española, se presenta fundamental cuando se tratan temas de vulnerabilidad de derechos de menores en el entorno educativo.

La educación y el respeto por el prójimo, así como la preservación de los vínculos afectivos y la enseñanza sobre el cuidado de los demás, son valores que comienzan y han de desarrollarse en el núcleo familiar.

Dado el elevado número de horas que los menores permanecen en los centros escolares, es fundamental para el desarrollo de su formación que exista una estrecha relación de los centros con las familias, de manera que se puedan evitar situaciones como el acoso escolar.

En este sentido, el GP VOX es conocedor de las noticias que constantemente aparecen en los medios de comunicación sobre nuevos casos de acoso escolar en los que ni los centros educativos ni las autoridades responsables han sido capaces de resolver conforme a los derechos del menor acosado.

A pesar de que el acoso escolar no es nuevo, la rebaja en la edad de acceso a las nuevas tecnologías ha traído consigo nuevas formas de acoso escolar, todas ellas relacionadas con el uso de servicios de mensajería instantánea o redes sociales.

Estas tecnologías digitales han provocado que las figuras responsables de la educación de los menores pierdan paulatinamente autoridad en estos nuevos entornos, así como una cierta banalización de la violencia provocada.

Un aspecto especialmente intolerable es el acoso escolar a personas con algún tipo de discapacidad.

Un 80% de los menores discapacitados han sido víctimas de alguna forma de acoso escolar.

Resulta interesante ver cómo el 90% de estos casos se producen en la educación ordinaria mientras que el 3% en la educación especial.

Es por ello que todavía existe un importante estigma entre personas discapacitadas y su integración en los entornos educativos.

Otra cara de esta lacra social es la que se produce en los territorios donde existe una importante hostilidad contra la lengua castellana, los símbolos nacionales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Ya se han registrado casos de acoso escolar en comunidades como Cataluña contra menores que hablan en español y son hostigados en sus centros educativos.

Es deber del sistema educativo asegurar un entorno de bienestar de los menores.

El respeto a la dignidad y libertad de los niños es fundamental, tal y como se recoge en el artículo 10.1 de la Constitución Española.

No obstante, la presente situación legislativa caracterizada por la dispersión normativa regional dificulta la aplicación de protocolos válidos para frenar el acoso escolar.

El GP VOX entiende que el acoso escolar es causante de múltiples suicidios en España.

Este es el caso de Kira, una niña de 15 años que se suicidó el pasado año tras haber sido víctima de acoso escolar.

En declaraciones de su padre, "los protocolos no se activaron a tiempo".

Por ello, urge instar a los centros educativos a la activación de los protocolos en forma y tiempo adecuados.

De esta manera, el Grupo Parlamentario VOX insta al Gobierno lo siguiente: 

• Remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley que regule de forma específica e integral al acoso escolar y que deberá ajustarse a las premisas de que el interés superior del menor debe quedar asegurado en todo caso; de que el reconocimiento, protección e impulso de este interés superior del menor es también una tarea de los poderes públicos; y de que, en circunstancias normales, son los padres los mejores garantes de dicho interés.

• Establecer, en colaboración con las administraciones con competencia en la materia, un protocolo de actuación contra el acoso que tenga aplicación de ámbito nacional, en el cual se contemplen las distintas medidas que los centros educativos deban llevar a cabo.

• Impulsar la incorporación de mecanismos que faciliten la identificación de casos de acoso escolar.

En este sentido, pueden ser especialmente relevantes la introducción del anonimato en el denunciante y el fomento de medidas de comunicación y apoyo entre el centro docente y la familia del acosado y, también, con la familia del acosador.

• Promover el compromiso y la sensibilización de la sociedad frente al acoso escolar, con el objetivo de mejorar la convivencia en los centros educativos, mediante la organización de cursos de formación -bien orientados y desprovistos de toda ideología- destinados tanto a las familias como al personal de los centros.