En relación con el estudio de la UMU sobre vivienda, presentado ayer por el consejero de Fomento, desde la PAH, queremos hacer las siguientes consideraciones:

1ª El resultado en cuanto a la preferencia por la vivienda en propiedad, estaba cantado, ya que es la cultura que se nos ha venido inculcando desde tiempo inmemorial, y era además el que el consejero buscaba para justificar futuras acciones.

Sin embargo, pensamos que se trata de una respuesta a bote pronto, sin una reflexión profunda de cuál es la situación y las posibilidades reales de acceso a la misma, que bien quedan reflejadas en el estudio, a las que cabe añadir los precios de las hipotecas, con duración casi eterna, las dificultades en caso de divorcio de parejas con hipoteca, ya que ambos miembros de la pareja siguen siendo deudores al banco, dificultades de traslados por motivos laborales, y anclaje a esa vivienda aunque se quiera o necesite cambiar la residencia son sólo algunos de los importantes problemas que genera la adquisición de una vivienda en propiedad. Se suele decir que “con lo que pagas de alquiler puedes pagar una hipoteca y al final la casa es tuya”, esto sólo será cierto si se es capaz de pagarla en los 30 o más años de duración del contrato, porque en caso contrario, el banco se quedará con ella, y tú, además, seguirás debiéndole el importe pendiente del crédito, más intereses y costas judiciales, con lo que no sólo habrás perdido lo que ya hubieras pagado, sino que tendrás que pagar más que si tuvieras la casa.

2ª En relación con los elevados precios del alquiler, que se suelen achacar a la “escasa oferta” es preciso aclarar que esa escasez viene en gran parte dada por la especulación de los grandes tenedores que, de forma consciente, mantienen fuera de mercado partes importantes de su parque para que la oferta se mantenga escasa y los precios altos, ya que, el mantener casas fuera de mercado no les penaliza, sin embargo el ampliarlo sí, porque bajaría los precios, es por tanto imprescindible una nueva Ley de Vivienda que le otorgue la condición de bien social esencial, y una reforma fiscal, más allá del IBI, que penalice la especulación, como dice el artículo 47 de la Constitución. Esa Ley, debe que incluir también mecanismos de control de precios que impidan subidas escandalosas en la renovación de contrato.

Sobre las ayudas al alquiler, tal y como están pensadas, son en realidad ayudas a los propietarios más que a los inquilinos. A los propietarios les sirve siempre para no tener que bajar precios, algo a lo que vendrían obligados si bajara la demanda por no poder hacer frente los demandantes, y en muchos casos, les sirve incluso para subir los precios. A los inquilinos, les sirven sólo durante un tiempo determinado, y mientras dure el presupuesto. Son un claro ejemplo de las políticas de vivienda practicadas por todos los Gobiernos: transferencia constante de fondos públicos a bolsillos privados, sin generar ningún incremento del patrimonio público.

3ª La cultura de la propiedad frente al alquiler que se da en España, ha sido promovida desde los poderes públicos que transferían fondos públicos destinados a la promoción, construcción y adquisición de viviendas, fondos que siempre acaban en bolsillos privados, y que nunca terminan con el problema de acceso a la vivienda.  Estas políticas, son las que han convertido la vivienda en un simple bien de consumo como cualquier otro, al que sólo se accede en función del nivel de renta, habiendo una gran parte de la población que carece de posibilidades.

Si una parte importante de esos fondos hubieran ido destinados a la creación de un Parque Público de Vivienda para alquiler asequible no estaríamos ahora con el ridículo 2,5% de parque, los precios del alquiler no ahogarían a la gente, y esa preferencia por la propiedad estaría al nivel de los países europeos más avanzados. En Países Bajos el parque público es del 30% del total de vivienda disponible, en Francia y Alemania es del 24%, en Austria 27%... etc.

4ª Sí es lógica la mala valoración sobre las políticas de vivienda del Gobierno regional, porque estas no han existido.

Desde la PAH venimos exigiendo políticas de vivienda que permitan el ejercicio de un derecho establecido en la Constitución para toda la población, y del que hoy hay un parte muy importante de ella que carece de capacidad económica para ello.