CCOO Enseñanza de la Región de Murcia señala que la línea política y la mala gestión de los fondos del Ministerio de Educación y Formación profesional ha dejado a la comunidad murciana la cuarta con peor implantación de la FP en la red de centros públicos.
CCOO Enseñanza denuncia un total oscurantismo por parte de la administración murciana en cuanto a la información sobre unidades de FP en centros públicos, concertados y privados.
CCOO Enseñanza denuncia que en las autonomías han gastado de media entre la mitad y las dos terceras partes de los fondos del Ministerio destinados a la creación de nuevas plazas. Según el sindicato la situación de la Región de Murcia es especialmente doliente dado que, si eliminamos las situaciones históricas como Cataluña, País Vasco y Madrid (donde gran parte de la FP está vinculada a grandes empresas desde hace décadas), la primera Región donde el desarrollo público de esta etapa educativa se ve más perjudicada es en la Comunidad murciana.
El pasado 8 de octubre se publicaron en el BOE los Acuerdos de la Comisión General de Educación por los que se aprueban los criterios de distribución y la distribución resultante del crédito destinado en 2022 a los programas de Cooperación Territorial de Calidad en Formación Profesional del Sistema Educativo Español y Formación, Perfeccionamiento y Movilidad del Profesorado.
En total, ocho territorios dejaron de invertir dinero en el programa de Formación del Profesorado. Los fondos de ejercicios anteriores no ejecutados son reintegrados y se pierden, siendo la Comunidad de Madrid la que más dejó de invertir en este concepto (1.133.542 en 2019 y 753.753 en 2020), seguida de País Valencià, Murcia y Castilla y León. Por otro lado, tres territorios dejaron de invertir dinero en el Programa de Calidad de la Formación Profesional, que les será descontado de esta partida, siendo de nuevo Madrid el territorio que más dejó de invertir (452.607,27 €), seguido de Andalucía y Canarias.
Los compromisos adquiridos por las comunidades autónomas para desarrollar acciones en el periodo de 1 de septiembre del 2022 a 31 de diciembre del 2023 relacionadas con la gestión de los fondos del componente 20 del "Plan Estratégico de Impulso de la Formación Profesional", del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, son una ayuda parcial para revertir los recortes, desigualdades y privatizaciones que afectan a los territorios con políticas más conservadoras y liberales, y deben destinarse a esta finalidad.
El déficit de oferta pública es muy irregular según la comunidad autónoma, nivel de FP, modalidad y familia profesional. Contando todos los niveles de FP, las comunidades autónomas con menos oferta pública son Cataluña (56,34%), el País Vasco (56,52%) y Madrid (56,82%), que se sitúan a más de 30 puntos por debajo de la media estatal del 68,8% de oferta pública, y requieren una elevada inversión propia además de la recibida para corregir el desajuste existente. Los dos territorios con mayor déficit de plazas públicas mantienen las tasas públicas de los ciclos formativos de Grado Superior (400 euros aproximadamente) y Cataluña mantiene desde el curso pasado el incremento de ratios en 10% en la totalidad de los grupos.
Los valores más bajos de finalización de la Formación Profesional se dan en los ciclos formativos públicos de Grado Básico (47,64%) y de Grado Medio (54,4%) de los centros públicos. La falta de orientación y acompañamiento en estas etapas aboca a los jóvenes con menos recursos y formación al abandono educativo y los expulsa del sistema, dificultando mucho su retorno y precarizando sus oportunidades laborales, pues, a mayor nivel educativo, más y mejores oportunidades laborales.