La diputada regional, Consa Martínez, ha recordado que "gracias al trabajo e impulso del delegado del Gobierno, Pepe Vélez, la Región de Murcia recibirá 55,5 millones de euros para rehabilitar y hacer viviendas destinadas al arrendamiento y 17,6 millones procedentes del bono alquiler joven que se distribuyen, la mitad este año y la otra en 2023"
La diputada regional socialista, Consa Martínez, ha asegurado que "el Gobierno de España es el único que se preocupa de garantizar el derecho a la vivienda a los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia".
El Ministerio de Transportes y Agenda Urbana ha asignado a la Región de Murcia 40,8 millones de euros del Plan de Recuperación y Resiliencia para restaurar viviendas, mejorar la eficiencia energética y regenerar barrios.
Por otro lado, otros 14,7 millones irán destinados a la construcción de casas de alquiler social.
"Nuestro secretario general, Pepe Vélez, exige al Gobierno de López Miras que, ya que no asume sus competencias, lo que tiene que hacer es utilizar estos fondos para ayudas a los ciudadanos y ciudadanas de la Región", ha resaltado Martínez.
"Es importante recordar que la Comunidad Autónoma es quien tiene las competencias exclusivas en vivienda, pero ante la inacción de López Miras y su equipo, el Gobierno central pone fondos y toma la iniciativa para asegurar una vivienda a la ciudadanía. También para los jóvenes", ha indicado Consa Martínez que, a su vez, ha señalado que "a estas cantidades debemos sumar los 17,6 millones del bono alquiler joven para la Región, distribuidos la mitad este año y la otra mitad en 2023".
La parlamentaria ha destacado que "el Gobierno de López Miras vive del Gobierno de España, que es el único que pone fondos y toma la iniciativa para garantizar el derecho a la vivienda en la Región. En lugar de lamentarse tanto, lo que deberían hacer es llevar a cabo políticas públicas propias de vivienda que complementen el esfuerzo que está haciendo el Gobierno socialista en materia de vivienda".
Martínez ha criticado los datos de ejecución de la Dirección General de Vivienda en esta legislatura: "Las cifras son escandalosas. En 2020, el grado de ejecución fue del 15 %, en 2021 ejecutaron el 35 %y hasta junio de 2022 habían ejecutado el 4 %. Es inadmisible que el Gobierno de López Miras mire para otro lado en materia de vivienda, siendo ésta su competencia".