UGT reclama desbloquear la negociación colectiva para subir los salarios y adoptar medidas en materia de alimentación, vivienda y energía para proteger a las familias más vulnerables.

Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa interanual de este indicador en la Región de Murcia retrocede cuatro décimas respecto a la de julio hasta situarse en el 11%. Este incremento, no obstante, es superior en 0,5 puntos al experimentado, de media, en el conjunto del país (10,5%).

En términos interanuales, las subidas son generalizadas, aunque los grupos que registran mayores incrementos son Vivienda (22,7%), como consecuencia de la subida del precio de la electricidad, Alimentos y bebidas no alcohólicas (15,5%) y Transporte (12,5%). Asimismo, solo experimenta un descenso de los precios respecto a agosto de 2021 el grupo relativo a Comunicaciones (-2,3%).

Respecto al mes pasado, destaca la subida de Vivienda (4,2%) y Ocio y Cultura (1,3%), registrándose descensos sólo en Transporte (-4,3%) y Vestido y Calzado (-0,5%).

En consecuencia, y a pesar de este ligero descenso registrado en agosto, enlazamos ya tres meses consecutivos con una tasa anual del IPC de dos dígitos, superior al 10%, afianzándose con ello un escenario inflacionista mucho más acusado que el que estimaban las previsiones al comienzo de la guerra en Ucrania.

Pero es que, además, la inflación subyacente, que no tiene en cuenta los alimentos no elaborados y los productos energéticos refleja con toda nitidez que el alza de precios se ha extendido a la generalidad de bienes y servicios y no tiene el carácter transitorio que se le presumía en un principio. En agosto, este indicador alcanzaba en la Región de Murcia el 7,1 % el más alto de toda serie histórica disponible desde 2002.

Para UGT, este aumento de los precios debe abordarse sin perder de vista los problemas adicionales que lo están haciendo insostenible para las personas trabajadoras, especialmente en la Región de Murcia: el bloqueo de la negociación colectiva y la enorme brecha que separa los incrementos salariales actuales de la inflación (hasta agosto, nuestro incremento salarial medio pactado en convenio era de apenas el 2,16%, siete puntos menos que el incremento medio de los precios); el encarecimiento de las hipotecas, por la drástica subida de tipos decretada por el BCE y la ralentización del crecimiento económico, cuya repercusión sobre el empleo ya empieza a acusarse.

Ello nos lleva a insistir en la necesidad de desbloquear la negociación del AENC y de los convenios colectivos en general, con el objetivo de repartir equilibradamente el coste de la inflación y frenar una devaluación salarial que ya es la segunda mayor de toda Europa, según la OCDE; no sólo porque es de justicia en el contexto actual, en el que la mayoría de las empresas están manteniendo indemnes sus márgenes repercutiendo sobre los precios el incremento de los costes y, algunas, incluso, lucrándose con comportamientos especulativos, sino, también, porque ello es fundamental para sostener el consumo y por ende, la actividad económica de nuestra región y de nuestro país.

Además, consideramos que los poderes públicos tienen que proteger a las personas que más lo necesitan en esta situación, desplegando cuanto antes un nuevo escudo social que asegure el acceso a bienes básicos como la alimentación, donde se están registrando algunos de los mayores incrementos de precios sin que se haya adoptado por ahora ninguna medida al respecto, pero también en materia de vivienda (estableciendo, como demanda UGT, un fondo público que ayude a las familias a hacer frente a la subida de las hipotecas) y de forma más intensa, en materia de energía, para evitar que los hogares más vulnerables se vean imposibilitados para acceder a suministros esenciales como la electricidad o el gas.