La portavoz morada, María Marín, reprocha en la comparecencia de la vicepresidenta su oposición a una nueva normativa estatal de residencias que "reduce considerablemente las ratios, acaba con la precariedad laboral del personal y mejora la atención a las personas mayores y sus familias"
Tras casi 20 años desde la constitución del Observatorio regional de Discapacidad, durante la presente legislatura se ha producido un bloqueo que se traduce en la total paralización del análisis de lo ocurrido a raíz de la pandemia en los centros de día y las residencias de mayores de la Región de Murcia. La comparecencia de esta mañana de Isabel Franco, vicepresidenta autonómica y consejera de Política Social, en la comisión de Discapacidad de la Asamblea Regional ha venido a confirmar la "nula disposición de la máxima responsable de la atención a las personas mayores a escuchar ninguna crítica o a hacer la más mínima revisión de su gestión que lleve a mejorar la atención a las personas mayores". Así lo ha denunciado la portavoz regional de Podemos, María Marín, quien ha reprochado a Franco la falta de actividad del observatorio y la ausencia de medidas que corrijan las graves deficiencias detectadas durante los últimos dos años.
Además, Marín ha recordado que desde Podemos se planteó una ley de residencias que hubiese mejorado sustancialmente el estado de las residencias regionales, apostando por un modelo público en el que lo que prime sea la atención a los usuarios y usuarias, la transparencia y la participación de sus familiares a la gestión de estos centros y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, Franco no se molestó ni en acudir al debate de la ley de residencias, limitándose a responder tras votar negativamente a esta propuesta de ley "con un chascarrillo sobre el precio de las sandías". Para la diputada de Podemos, la actitud de la consejera, "deja mucho que desear" y demuestra que "no está en el cargo para defender los derechos de los ancianos y ancianas de la Región de Murcia, sino los beneficios económicos de unas pocas empresas privadas que gestionan a su antojo las residencias concertadas de la Comunidad Autónoma".
A este respecto, Marín ha considerado que sólo así se explica la posición del Gobierno regional ante la nueva normativa de residencias acordada por el Ministerio de Derechos Sociales, con Ione Belarra al frente, con las comunidades autónomas, siendo la Región de Murcia una de las pocas que se ha opuesto, a pesar de establecer importantes mejoras de cara a la atención de las personas mayores". Entre las novedades de esta normativa, la portavoz de Podemos ha destacado la reducción de la ratio, lo que establecerá más profesionales por número de pacientes, más transparencia y la creación de grupos de convivencia mucho más reducidos, personalizando la atención y haciendo posible que cualquier problema pueda ser detectado antes". "Franco vuelve a dejar claro para quién trabaja, y lamentablemente no es para la mayoría de familias de la Región", ha concluido Marín.