Los municipios de más de 5.000 habitantes deben implantar un sistema eficiente de recogida separada de los biorresiduos antes del 30 de junio de 2022. Su incumplimiento se considera una falta grave con una sanción para la entidad local de hasta 100.000 euros.
Ecologistas en Acción Región Murciana señala que la nueva Ley 7/2022, de 8 de marzo, de residuos y suelos contaminados para una economía circular[1], obliga a realizar cambios sustanciales en la gestión de los residuos municipales e introduce obligaciones que en algún caso son urgentes. Ecologistas denuncia que las actuales políticas de residuos conllevan graves impactos tanto a nivel social como ambiental. Por este motivo es urgente y de vital importancia legislar para avanzar hacia un futuro de objetivo residuo cero. En el Estado español se abusa de los tratamientos finalistas, que tienen nefastas consecuencias ambientales y sobre la salud de las personas. Es hora de invertir las políticas de residuos y situar la prevención por fin en la principal política de gestión de residuos
Esta normativa supone un profundo cambio de toda la gestión municipal de residuos para incorporar las nuevas obligaciones. Una obligación inmediata es que los municipios deben implantar es la recogida separada de la materia orgánica biodegradable de las basuras (biorresiduos) de la forma más eficiente, bien mediante el sistema de recogida “puerta a puerta” o mediante contenedores cerrados o inteligentes, que permitan la identificación del usuario y el pago por generación, antes del próximo 30 de junio de 2022.
Además el sistema de recogida ha de garantizar que la cantidad máxima de impropios sea inferior al 20% y del 15% a partir de 2027. El compost obtenido a partir del tratamiento de esos biorresiduos ha de ser de calidad, para que se pueda utilizar sin riesgo en la agricultura como fertilizante. Algún ayuntamiento ha comenzado a desplegar contenedores marrones para esa recogida separada de los biorresiduos, cifra a todas luces insuficiente para abordar la aplicación práctica de la ley.
Ecologistas en Acción es consciente del enorme desafío que suponen estos compromisos para las entidades locales, con medios técnicos, fondos económicos y recursos humanos limitados, pero es inaplazable cumplirlos porque su incumplimiento acarreará importantes sanciones y perjuicios para toda la ciudadanía en general y el medio ambiente en particular.
Ecologistas en Acción emplaza a las autoridades locales a asumir estas nuevas obligaciones legales con programas ambiciosos de concienciación de la ciudadanía y con revisiones en profundidad de todos los factores implicados en la gestión municipal de los residuos. De no actuar con rapidez y diligencia, pronto llegarán las sanciones económicas impuestas también desde la Unión Europea.
El impacto de los residuos no es solo un problema ambiental sino también de salud pública. Este modelo de producción caótica y despilfarro en consumo nos enferma e hipoteca las generaciones futuras. Nunca se ha sido tan consciente de la necesidad de implantar medidas transformadoras y sabemos que el reciclaje por sí solo no es la solución, un nuevo marco normativo debe basarse también en la reducción y la reutilización.
[1] BOE núm. 85, de 09/04/2022