Región

Ciudadanos exige al Gobierno regional que cuantifique el impacto económico de la catástrofe del Mar Menor y ponga en marcha un plan de ayudas

La formación liberal señala que la situación de la laguna ha afectado gravemente a pescadores, comerciantes, hosteleros, negocios vinculados al sector turístico en general y familias con viviendas en la zona

Ciudadanos ha defendido este lunes la puesta en marcha de un plan de ayudas a empresas y negocios afectados por la grave crisis medioambiental que atraviesa el Mar Menor en la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo de la Asamblea regional. La diputada liberal Ana Martínez Vidal ha subrayado que esta situación ha afectado a pescadores, comerciantes, hosteleros y aquellos negocios vinculados al sector turístico en general, así como a “miles de familias que en su día invirtieron todos sus ahorros en activos inmobiliarios creyendo que estos no se devaluarían nunca dado el entorno privilegiado y paradisiaco como era el Mar Menor”.

Así, Martínez Vidal ha señalado que “el impacto económico de la catástrofe aún no ha sido cuantificado y el Gobierno regional debe hacerlo sin más dilación, aunque nos tememos que lo último que le interesara es hablar de cifras de pérdidas económicas cuando ellos han sido los máximos responsables”, ha destacado. “Entendemos que una ayuda no solventará la crisis económica derivada de este desastre medioambiental, pero si el Ejecutivo autonómico puso en marcha ayudas para el comercio y hostelería con el fin de paliar las pérdidas por la crisis del covid, también sería necesario que lo hagan en este caso”.

El Gobierno regional, ha criticado, “ha anunciado medidas que, ni han sido concretadas, ni se han llevado a cabo. Lo lógico hubiera sido poner en marcha un plan de ayudas hace meses y no ahora cuando estamos en plena época estival y el sector hotelero ha registrado cientos de cancelaciones. El sector clama al cielo ante la pasividad de la administración regional”.

Además, desde Hostetur ha solicitado indemnizaciones al Gobierno regional, nacional y europeo para intentar paliar los daños económicos en el sector, especialmente en municipios como Los Urrutias, Los Nietos o Los Alcázares.

“El daño ocasionado a estas empresas, autónomos y familias es de tal magnitud, que una ayuda podría aliviar temporalmente su situación económica, pero estos negocios únicamente podrán funcionar con normalidad cuando se restaure por completo el estado de la laguna”, ha afirmado.

Reapertura del Parque Minero de La Unión

Desde Ciudadanos también se ha apoyado la reapertura del Parque Minero de La Unión, que acumula un retraso respecto a las previsiones iniciales de más de un año, así como la actualización del Plan Nacional de Patrimonio Industrial. “Entendemos que ese debe ser el deseo de la corporación local y que, si ha habido un retraso en la puesta en marcha, ha debido ser por alguna razón objetiva. En cualquier caso, lo primordial es siempre garantizar la seguridad de trabajadores y visitantes y únicamente apoyaríamos su apertura si se cumplen tales requisitos”, ha indicado la diputada.

En cuanto a la mejor estrategia para atraer a las empresas de dentro y fuera de nuestra Región al Puerto de Cartagena ha indicado, entre otras actuaciones, la necesidad de desarrollar “una más que necesaria Zona de Actividades Logísticas, a la que se comprometió hace ya más de un año la propia Autoridad Portuaria, y cuyos terrenos aún están pendientes de ser adquiridos por la misma”.

Respecto a la moción para evitar la entrada de productos agrícolas de países que no garantizan una condiciones laborales adecuadas y la misma calidad que se exige a los productos españoles, Martínez Vidal ha asegurado que “es de justicia que se exija a los productores extracomunitarios los mismos estándares de seguridad y calidad que ya cumplen nuestros agricultores”, y que tanto el Gobierno de España como a la Unión Europea deben implicarse para impulsar las medidas necesarias que eviten la entrada de los productos agrícolas que no cumplen con las condiciones laborales, sanitarias y de calidad al igual que se exige a los productores españoles. “Todo ello en aras de una mayor seguridad alimentaria y de equiparar los costes en los que incurren los agricultores murcianos en los procesos de producción”, ha subrayado.

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