Ciudadanos ha registrado una moción en la Asamblea regional para instar al Gobierno regional a poner en marcha, de forma inmediata, una auditoría que determine el nivel de productividad y eficiencia de todos y cada uno de los centros directivos de la Comunidad, incluidos los organismos autónomos. Además, según el resultado de esta auditoría la formación liberal propone llevar a cabo la supresión o fusión de aquellas en las que se demuestre de forma objetiva que son prescindibles, por encontrarse en un rango de nula o escasa productividad y/o eficiencia.
La diputada liberal Ana Martínez Vidal ha señalado que la administración regional cuenta con una "estructura mastodóntica" compuesta por ocho consejerías, 41 direcciones generales, una decena de organismos autónomos, consorcios o fundaciones, 40 puestos de asesores y "una deuda astronómica que supera la cifra de 11.000 millones de euros, y que se incrementa año tras año".
"Desde la administración pública se debe apostar por la eficiencia y ahorro en el gasto. Si hay entidades públicas o direcciones generales vacías o de escasa productividad, hay que eliminarlas sin vacilar. Es una ejemplaridad que se la debemos a los ciudadanos de esta región", ha expresado la diputada. "La imagen que trasciende a la ciudadanía de que algunos organismos de la administración no tienen más función que la de proporcionar un sueldo a sus cargos públicos, debe ser completamente erradicada. Para ello, no hay mejor manera que la de explicar claramente para qué sirven cada uno de ellos y por qué está justificada su existencia".
Martínez Vidal ha lamentado que la deuda pública en 2021 fue de 10.959 millones de euros, 772 millones más que en 2020. Esta cifra supuso el 34,1% del PIB regional, -0,1 puntos respecto al año anterior-. "Si analizamos la evolución en los últimos 10 años, en 2011 se registró una deuda global de 2.806 millones de euros, que entonces suponía un 10,3% del PIB regional. El crecimiento de la deuda ha sido exponencial a lo largo de la última década", ha criticado.
Hasta la fecha, el Partido Popular ha imputado la mayor parte de dicha deuda al modelo de financiación autonómico. Sin embargo, Martínez Vidal ha señalado que, "si bien es cierto que nuestra comunidad es la segunda peor financiada del país, se desconoce qué porcentaje de esa deuda es imputable a este modelo y cuál a la propia gestión del gobierno regional. No existe un estudio objetivo o auditoría externa que determine el peso que la gestión de los órganos directivos de la administración regional tiene sobre la deuda autonómica".
Ciudadanos puso como condición en el seno del gobierno en coalición llevar a cabo una auditoría de la estructura y el gasto de la Administración regional, como parte del acuerdo para la aprobación final del proyecto de Ley de Presupuestos para 2021. El acuerdo incluía la implantación de un sistema de supervisión de todas las unidades del sector público autonómico, con el fin de verificar si seguían vigentes los motivos que justificaron su creación y si eran sostenibles financieramente.
"La crisis motivada por el alza de los precios, está socavando el poder adquisitivo de las familias, obligándolas a realizar ajustes y recortes en sus gastos", ha indicado la diputada. "Mientras esto ocurre, se preguntan si la administración es capaz de hacer lo propio. La sociedad debe percibir que la administración marcha junto a ella, sobre todo en momentos de crisis".