El sindicato lleva denunciando una precarización del sector, tanto en servicio como en los derechos laborales de las plantillas, desde que se liberalizó en 2017.

CCOO lleva denunciando la situación de irregularidad en la que se desarrolla la actividad de las ITVs desde que se liberalizó el sector. El sindicato considera que no es de recibo que se compita en precios y servicios sobre una obligación legal de la ciudadanía, algo que lleva sucediendo desde el año 2017. Buena prueba de ello es lo sucedido en la ITV de San Javier cuyo negocio basado en falsear las inspecciones de los vehículos ha acabado con la detención de 17 personas.

A juicio de CCOO la errónea decisión del ejecutivo regional de liberalizar el sector ha saturado el mercado, de hecho los centros de ITV de la comunidad murciana han crecido de 8 a cerca de 45 y no solo da sobradas muestras de un servicio deficiente, sino que además se ha puesto en peligro la supervivencia de muchas empresas y puestos de trabajo, todo ello sin lograr el prometido descenso de precios y tarifas que en la Región de Murcia superan la media nacional. La presión asistencial a la que se ven sometidas las empresas recae en la precarización de las condiciones laborales de las personas trabajadoras.

Por todo ello CCOO exige al ejecutivo regional que realice un ejercicio de responsabilidad y tome medidas para evitar tanto la destrucción de empleo como la perdida de la calidad y de seguridad en el servicio que la liberalización supone. Para CCOO la situación actual es consecuencia de una incoherente decisión tomadas por la administración regional y es el propio gobierno de la región quien debe rectificar.