El sindicato advierte que las funciones para un nuevo perfil profesional para los auxiliares educativos están de nuevo paralizada porque no se convoca la mesa de trabajo.

La 'Mesa de trabajo' se constituyó por acuerdo de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios de 4 de diciembre de 2020 y fue ratificada por acuerdo del Consejo de Gobierno el 29 de diciembre de 2020. Sin embargo, según denuncia CCOO, la Administración Regional no parece tener ningúninterés en impulsar ningún cambio a pesar de que profesionales, padres y directores de centros de todos los sectores reclaman la urgente necesidad de actualizar las funciones de los auxiliares educativos a las nuevas y crecientes necesidades de los colectivos tan vulnerables.

Según el sindicato los auxiliares educativos llevan años reclamando que la administración se siente a definir unas funciones más acordes con las nuevas conceptualizaciones sobre la discapacidad que reconoce el derecho a una atención de calidad. Para CCOO la problemática se centra en una difusa conceptualización de los servicios y en la ausencia de definición de perfiles profesionales.

Los Auxiliares Técnicos Educativos (ATE) son el personal encargado de las tareas educativas complementarias a las estrictamente docentes que atiende a los alumnos con necesidades educativas especiales en los centros escolares, a las personas con discapacidad en centros ocupacionales del IMAS y a los menores en los centros de Protección. CCOO considera urgente que estosprofesionales de atención directa cuenten con unacualificación adecuada a las necesidades que niños y adultos con discapacidades o trastornos graves de conducta requieren.

La organización sindical remarca que el sesgo de género está influyendo para devaluar las competencias profesionales de este colectivo de atención directa ya que otros colectivos masculinizados han sido reclasificados de forma rápida en una sola reunión no en vano, nueve comunidades autónomas hanreclasificado ya a este colectivo.

Para CCOO esta situación está suponiendo una degradación de la atención a este colectivo especialmente vulnerable y una merma de sus derechos a una atención profesional y cualificada.