Balsas de purines, malos olores, tuberías de lodo cargado de excrementos vertiendo directamente sobre ramblas. La realidad de lo que está ocurriendo en el Campo de Cartagena con las consecuencias de las macrogranjas ha llegado esta mañana a la Asamblea Regional. La portavoz de Podemos en la cámara autonómica, María Marín, ha mostrado una serie de imágenes, realizadas ayer mismo, en las que se observa claramente el incumplimiento de cualquier normativa ambiental. Para la diputada, las políticas del Partido Popular han conseguido convertir esta Región en un territorio sin ley para las macrogranjas. Marín ha recordado que en la Región ya hay "más de dos millones y medio de cerdos y más de 160 macrogranjas en 20 municipios", contando con municipios como Lorca, el segundo municipio de toda España con más instalaciones de este tipo, con medio centenar, Fuente Álamo, que ocupa el cuarto puesto o Alhama, que se sitúa también entre los 40 municipios de España con más explotaciones intensivas.

La portavoz de Podemos ha destacado que todos los informes oficiales señalan que las macrogranjas generan "un enorme impacto ambiental, emisiones de amoniaco y vertidos de purines cargados de nitratos", algo que "nadie controla en esta Región". Como muestra de esta falta de control, Marín ha mostrado desde la tribuna fotografías de balsas de purines directamente sobre el terreno, "sin ningún tipo de cercado ni impermeabilización" y pozos ciegos "cargados de nitratos que se filtran contaminando las aguas superficiales y subterráneas", que desde Fuente Álamo, "acaban en el Mar Menor". Se trata de balsas de lagunaje para la desecación al sol de los purines, una práctica que tal y como ha recordado la diputada "están tajantemente prohibidas por la legislación estatal desde febrero de 2020". A pesar de esta prohibición, Marín ha asegurado que este tipo de infracciones "se pueden encontrar por toda la Región", lo que demuestra la plena falta de interés en vigilar el cumplimiento de la normativa medioambiental. La portavoz ha reclamado el cese inmediato de Luengo por las imágenes que la propia diputada ha podido recoger en la Región de Murcia, algo que "ya habría sucedido en cualquier gobierno decente", pero que "no va a pasar" porque el jefe del Ejecutivo "es aún más indecente que el consejero".

Tras repasar los incumplimientos tolerados por la Consejería de Agricultura, Marín ha condenado el asalto "trumpista" al pleno de Lorca, un ataque a la democracia "instigado, organizado, ejecutado, participado y justificado por el Partido Popular y por la ultraderecha de Vox". La diputada de Podemos ha repasado la cronología de los hechos, partiendo desde la difusión del bulo contra el Ministro Garzón y la visita de cargos del Partido Popular, incluyendo al exministro y eurodiputado Juan Ignacio Zoido, y Vox durante los días previos a la celebración del pleno municipal. Un calendario plagado de desinformación y bulos que "llevó hasta el asalto al pleno", un momento en el que "ya no podían echarse atrás y dan un paso más, justificando la violencia contra el Pleno", tal y como hizo el portavoz del PP en Lorca, Fulgencio Gil, quien argumentó tras los incidentes que "el campo ha estallado y ya no aguanta más".

La portavoz morada ha llamado en su intervención llamando a "no desanimarse", ya que la lucha por nuestro patrimonio natural y por un futuro digno para los pueblos de la Región "acaba ahora de empezar y ya se escuchan sus ecos en todos los rincones, de Yecla a Lorca, pasando por Bullas, Cieza, Jumilla y Caravaca". Marín ha señalado que la Región de Murcia cuenta con "algunos de los mejores vinos del mundo, una gastronomía sin igual, fiestas y monumentos naturales que son patrimonio de la humanidad, o un turismo rural de primer nivel", mientras que el Gobierno regional pretende "cambiar todo eso por un modelo tercermundista que solo favorece a las multinacionales que exportan carne a Rusia y China".

Marín ha reprochado al Partido Popular que el pasado 2 de diciembre votase en contra en el Congreso de la nueva Ley de Cadena Alimentaria, que en su artículo 12 recoge que "con el fin de evitar la destrucción del valor en la cadena alimentaria, cada operador de la misma deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción de tal producto en que efectivamente haya incurrido o asumido dicho operador", y establece que para "proteger la capacidad de comercialización de los productores primarios, los operadores que realicen la venta final de alimentos o productos alimenticios a consumidores no podrán aplicar ni ofertar un precio de venta al público inferior al precio real de adquisición del mismo", es decir, la prohibición de venta a pérdidas. Esta normativa, apunta la diputada, era algo que "llevaban décadas reclamando los agricultores y ganaderos para equilibrar el poder entre el productor y las grandes cadenas de distribución y repartir de forma justa los costes de producción".

En esta votación, tanto el Ministro Alberto Garzón como todo el grupo confederal de Unidas Podemos votó a favor, mientras que PP y Vox se mostraron, tal y como recuerda Marín, "en contra de pagar un precio justo a los productores". Para la portavoz de Podemos, Partido Popular y Vox "defienden al sector primario disfrazándose y subiéndose a un tractor", pero cuando llega la hora de votar a favor de que reciban un precio justo por su trabajo "dejan tirados a los agricultores y ganaderos" para apoyar únicamente a los grandes empresarios de las multinacionales. En este sentido, Marín ha señalado directamente a un "modelo ultraintensivo, en el que un enorme grupo cárnico subcontrata la inmensa mayoría de su producción a terceros, que se encuentran en una relación de absoluta dependencia", tal y como ocurre con El Pozo, una empresa que "fija los precios, mientras son los productores los que asumen todo el riesgo que suponen enfermedades, costes de producción o impacto medioambiental". La portavoz morada ha apostado por "ayudar a modernizar las explotaciones de esos pequeños ganaderos" y a "encontrar otros mercados que acaben con la completa dependencia e indefensión que sufren" y ha exigido a Tomás Fuertes, propietario de la multinacional cárnica, que "saque sus manos de Yecla y del Monte Arabí" y de los pueblos del Noroeste. En cuanto al cimplumiento de la legislación, Marín ha recordado que, "para una empresa que facturó en 2020 1.392 millones, no debe ser tan difícil asumir las normativas de bienestar animal y el coste de los efectos medioambientales de su modelo de negocio".

La portavoz ha finalizado su intervención anunciando que desde Podemos presentarán para su aprobación en la Asamblea Regional una moratoria a las macrogranjas en toda la Región de Murcia, en el mismo sentido que reclaman movimientos como Salvemos el Arabí, en Yecla, Salvemos Nuestra Tierra, en Jumilla y Cieza, el Consejo de Defensa del Noroeste, Stop Cebaderos, en Lorca, o Sí Bullas Viva. "Si ha sido posible en Yecla, en Cieza o en Bullas, con el apoyo de los movimientos sociales, esta batalla por el futuro de nuestros pueblos también la vamos a ganar", ha concluido Marín.